Redacción. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela que se debe hacer un recorte en la contención del gasto, sobre todo, en incentivos, de acuerdo a la situación económica, social y fiscal.
Las anualidades constituyen un sobresueldo que se cancela a los servidores
públicos como reconocimiento por los años de servicio prestados y por la experiencia
adquirida en el Sector Público.
Este sobresueldo puede otorgarse únicamente cuando el
funcionario haya obtenido una calificación mínima de “muy bueno” en su evaluación del
desempeño.
“Dichas estimaciones muestran que el confinamiento afectará directamente a
sectores que representan hasta un tercio del PIB en las principales economías. Por
cada mes de contención, habrá una pérdida de dos puntos porcentuales en el
crecimiento anual del PIB. El sector del turismo, por sí solo, se enfrenta a una
disminución de hasta el 70% en su actividad. Muchas economías entrarán en
recesión”.
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Manifiesta también que esa entidad es categórica en cuanto a la magnitud de los
perjuicios que podrían derivarse del cierre de empresas:
“El efecto del cierre de empresas podría dar lugar a reducciones del 15% o más en
el nivel de producción en todas las economías avanzadas y en las principales
economías de mercado emergentes. En la economía mediana, la producción
disminuiría en un 25%.
El efecto de este impacto varía en las distintas economías, reflejando las
diferencias sectoriales en la composición de la producción. Aquellos países en los
que el turismo es relativamente importante podrían verse afectados con mayor
severidad por los cierres y las limitaciones en los viajes”.
Se excluyen de la cobertura de este transitorio a las personas servidoras públicas que laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y los cuerpos policiales del
país.
En este contexto, el país tiene urgencia no sólo de racionalizar el gasto sino
también de reducirlo a corto, mediano y largo plazo, así como hacer lo propio desde la
parte de los ingresos, si se desea estabilizar y sanear las finanzas públicas.
Administrar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales producto de la pandemia obliga a adoptar medidas en todos los órdenes, incluido el aparato estatal.
La Procuraduría General de la República ha señalado que “ el legislador es el llamado a establecer los incentivos y la cuantía de los beneficios económicos que otorga a sus servidores.
Partiendo de lo anterior, debe entenderse que el monto económico que se otorgue por concepto de anualidades va en función de la intensidad con la que el legislador quiera incentivar la permanencia en el puesto de los funcionarios públicos, y con la posibilidad económica de cancelar las sumas que se derivan de ese incentivo.
«Consideramos que el legislador podría, incluso, eliminar el pago de anualidades, e incentivar la eficiencia y la permanencia en el servicio público mediante un mecanismo distinto al que se emplea ahora, pues la obligación de reconocer anualidades no está estipulada en normas de rango constitucional, sino legal”, concluyó.
