Redacción. La necesidad de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, vete la ley que exime a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal es urgente para la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria.
Este sector aduce que el Gobierno y los políticos minaron una ley que toda Costa Rica forjó a un costo muy alto.
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Los industriales de alimentos advierten que estamos frente al debilitamiento de la regla, que fue de acatamiento obligatorio a partir de la Reforma Fiscal de 2018.
«La reforma obligó a un enorme sacrificio a miles de empresas, que ahora aportan más a la Hacienda Pública. Igualmente, trajo consigo el enorme esfuerzo para las familias costarricenses, que hoy tienen que pagar un IVA, que para muchos, ha significado uno de los rubros más importantes de gasto dentro de sus presupuestos», destacó Maurizio Musmanni, presidente de CACIA.
Agregó que esa fue una reforma por la que Costa Rica se paralizó gran parte deL 2018 y por la que el país entró en un periodo de estancamiento económico, con fuertes repercusiones sociales y un alto grado de confrontación social.
“Se suponía que detrás de ese paquete de impuestos de 2018 había un gran acuerdo nacional que todos los sectores de la sociedad debían honrar. Supusimos, erróneamente, que veríamos un esfuerzo adicional de todo el Estado costarricense, con el que el país se movía hacia una nueva cultura de ordenamiento del gasto público, en procura de mayor eficiencia en el uso de los recursos».
