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Congresistas enviarán informe del PANI a la Fiscalía para investigar a jerarcas

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  • Por múltiples casos de violencia a menores

Redacción – Diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron enviar al Ministerio Público las investigaciones sobre las auditorías internas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Esto se da tras la aprobación, por unanimidad, del informe «Investigar los hechos denunciados (acciones y omisiones) detectados en los informes de auditoría interna del PANI y de la Contraloría General de la República vinculados a la atención integral de la infancia, niñez y adolescencia».

Lo anterior se debe a que requieren el análisis para determinar si existe responsabilidad de funcionarios públicos por aparentes incumplimientos.

Principalmente critican la cantidad de casos que se han presentado en los últimos meses sobre agresiones contra menores de edad, algunos que ya tenían un período largo en el registro del PANI.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, propuso la investigación.

Ella cuestiona el manejo de las autoridades del PANI en cuanto a la protección efectiva de los menores y la falta de planes de inversión en la entidad.

En el expediente, los congresistas concluyeron que existe suficiente evidencia para poder señalar posibles incumplimientos de deberes por parte de la administración activa, representada en la Presidencia Ejecutiva anterior y tras anterior.

Según el informe, se determinó un comportamiento «excesivamente pasivo» por parte de la Contraloría.

Lo anterior porque podría haber una operatividad «ineficiente, negligente e irresponsable» de un departamento al mando de María Auxiliadora Chaves, quien tiene más de 20 años en el cargo de Dirección del Departamento de Auditoría.

«Chaves permanece laborando en la institución y se desconoce si se han aplicado las acciones desprendidas de los procesos de investigación en su contra, como medidas disciplinarias, para que basado en esto, se determine su continuidad o despido con o sin responsabilidad patronal», dice el comunicado de la Asamblea.

Los congresistas recomendaron el traslado al Ministerio Público de una copia fiel del expediente, para que investigue la posible comisión de diversos delitos de diversa naturaleza por parte de los funcionarios públicos señalados.

Además, ordena el traslado a la Procuraduría en representación del Estado, para la determinación de eventuales responsabilidades en materia civil y/o patrimonial económico y administrativo por los supuestos daños ocasionados al Estado y su posible recuperación a los responsables.

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