Redacción. El impuesto del 4% al valor agregado para todos los servicios preocupa muchísimo a la Cámara Costarricense de la Construcción.
«Se hace necesario tomar medidas para ampliar la exoneración y además para permitir mejores condiciones tributarias para los nuevos proyectos, con el fin de evitar un golpe mayor en la actividad económica del país», destacó Esteban Acón, presidente de la agrupación.
Durante la presente Administración se aprobó la Ley 9635 para atender la problemática del déficit fiscal y muchos de los nuevos impuestos entrarán en vigencia en julio de este año.
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La Cámara es consciente de que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha tenido un enorme impacto en la situación socioeconómica de la población del país, así como en los ingresos y gastos del erario público.
No obstante, la emergencia no puede utilizarse para pasar por alto la tan necesaria reforma del Estado y más bien debe verse como una oportunidad para revisar la distribución y la eficiencia con que se utilizan los recursos asignados al sector público.
En este sentido, en la Memoria Anual 2019 de la Contraloría General de la República, presentada ante la Asamblea Legislativa, se destacan una serie de graves problemas en la gestión de pagos a empleados públicos, principalmente en el MEP y en pensiones, así como la aplicación tardía de medidas estipuladas en la Ley de Fortalecimiento Fiscal.
La diputada independiente, Ivonne Acuña Cabrera, presentó un proyecto de ley que tiene como propósito, modificar un transitorio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Lo anterior para brindar una moratoria de 12 meses en la entrada en vigencia del IVA, a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil.
Para la legisladora, la reactivación de este sector es imperativa para la recuperación económica y social del país.
La Cámara comunicó que para el 2020, se proyecta que el sector construcción va a mostrar un decrecimiento de -8,7%.
Este resultado se daría por una desaceleración en la construcción de proyectos, principalmente por los efectos del COVID-19, sobre la economía nacional y los ingresos de los hogares y empresas.
Los datos del BCCR confirman lo que ha venido señalando reiteradamente la Cámara. A marzo la industria de la construcción acumuló dieciséis meses de variaciones negativas.
Durante ese mes se presentó una caída de 15,6% en el sector, producto de una reducción de 19,2% en la construcción con destino público y un decrecimiento 11,2%,en la construcción con destino privado.
