Redacción. El impulso que le dieron ayer los diputados a la Ley de Empleo Público que elimina las anualidades para los trabajadores del Gobierno y la posibilidad de que se imponga un impuesto sobre la renta al salario escolar provocó una fuerte condena y rechazo por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep).
«De la misma manera, es abrumador nuestro rechazo obrero-laboral a la pretendida anulación del escuálido reajuste salarial anual impuesto al sector Público para todo el presente año 2020», dijo Albino Vargas, secretario general de la ANEP.
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Datos oficiales emanados del Ministerio de Hacienda nos indican que, apenas un 25 % del total de gastos del mal denominado Presupuesto General de la República para el presente 2020, corresponde a la partida de remuneraciones: solamente un total de 2 billones 657 mil 708 millones 96 mil 547 colones (2.657.708.096.547), dentro de una suma global de 10 billones 509 mil 606 millones 847 mil colones (10.509.606.847.000).
«Por tanto, es una soberana infamia y una gran canallada seguir insistiendo en este tipo de legislaciones anti-obreras contra los derechos salariales de las personas trabajadoras del sector público; hoy por hoy, como se está demostrando, bastiones fundamentales e imprescindibles en el primer frente de combate a la pandemia del coronavirus covid-19», destacó.
Vargas dijo que en cuanto al proyecto de empleo público, incluso en su nueva versión, la colección de inconstitucionalidades es impresionante; además de que impulsarlo bajo los sesgos fiscalistas que le contaminan producto de la intensa campaña de odio, de terrorismo ideológico y de agresión psicológica.
