Redacción-La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), y concluyó que dicho ente destina recursos cuantiosos a la atención de la emergencia por el COVID-19 sin estar asociados a un Plan General de Emergencia, que aseguren la asignación óptima de los recursos.
Ante esta crítica, la CNE salió a su pasó y le manifestó al ente Contralor que la atención de cualquier emergencia nacional, en su fase de respuesta, debe ser cubierta con los recursos que tenga disponibles el Fondo Nacional de Emergencias (FNE). Manifiesta uqe a diferencia de otros eventos, se hace imposible contar con una proyección del gasto por la complejidad y duración de esta emergencia sanitaria.
Señalan que la apreciación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el gasto actual de la emergencia se fundamentó en la estimación del gasto del Fondo, que se calculó con base a los proyectos de inversión de obras que se están reconstruyendo de emergencias pasadas. Sin embargo, los gastos de la fase de respuesta de la emergencia sanitaria se justifican a partir de las acciones inmediatas que se están ejecutando debido a la gravedad de la actual emergencia.
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La CNE afirma que ha destinado recursos para la ayuda humanitaria por un monto de 17.393 millones de colones, que responden precisamente a las necesidades apremiantes de la población afectada durante esta primera fase de la emergencia.
Afirman que dicha inversión se encuentra debidamente fundamentada en la planificación de esta etapa, a través de todos los respaldos que dan origen a los gastos como son: los informes de situación emitidos por los comités de emergencias y las contrataciones administrativas, que justifican la necesidad de la inversión.
En relación con la necesidad de elaborar el Plan General de la Emergencia que señala en informe de la CGR, es importante destacar que dicho plan es un instrumento de planificación para otra fase de la emergencia: la de reconstrucción, definido así en la Ley Nacional de Emergencias 8488.
