- Miles de familias se quedarían sin vivienda
Redacción – El Gobierno de la República busca recortar dinero destinado a la atención de programas sociales de vivienda, mientras ONGs se oponen a ello por el futuro de tantas familias en Costa Rica sin solución habitacional.
El recorte presentado a la Asamblea Legislativa sería de más de ₡30 mil millones para bonos de vivienda y el bono comunal durante el 2020.
Es por eso que la Fundación Costa Rica-Canadá solicita al gobierno que reconsidere el recorte a estos fondos.
De aprobarse, esa rebaja afectaría directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV).
Además, estaría sustentado en la reducción de FODESAF, Presupuesto Nacional para la atención de Bono Comunal y el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda.
La afectación total sufrida sería de un 37% de los recursos presupuestados inicialmente y habría que sumar el impacto por la caída en las planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual sería de al menos un 20% incidiendo directamente en los aportes que esta institución hace al FODESAF.
«La necesidad de contar con una vivienda en buenas condiciones cobra fuerza y es fundamental para los sectores sociales más vulnerables del país», dicen desde la ONG.
Desde la fundación, han trabajado durante varios años en la gestión y administración de recursos para la construcción de viviendas de interés social y por eso el gerente general, Juan José Umaña, asegura que la construcción es una inversión y no un gasto para el Estado.
«Entendemos la difícil situación económica que vive el país, pero de igual manera, nos preocupa enormemente, el anuncio que ha hecho el Gobierno de cortar recursos que se destinan a los programas sociales, que son fundamentales para las familias más necesitadas y más vulnerables en el contexto actual del país», explicó.
Si se materializa, el SFNV contaría tan solo con ₡14 mil millones para atender todos sus programas de inversión en vivienda e infraestructura comunal, en lugar de los ₡55 mil millones presupuestados inicialmente.
La fundación considera que esta afectación es «sumamente seria», por la cantidad de viviendas que se dejarían de financiar.
«Un importante grupo de familias se vería imposibilitado de ver mejorada su infraestructura comunal básica, lo que compromete su salud y su seguridad», agregó Umaña.
Con esto también aumentaría el desempleo, pues el sector construcción cumple un papel importante en los programas de vivienda.
