Foto: Fines Ilustrativos.

Redacción.   Los diputados de oposición aseguraron que hasta ahora el presidente de la República, Carlos Alvarado,  tiene un poquito de sensatez al no convocar el proyecto de tren eléctrico a sesiones extraordinarias.  

«Como diputada, ingeniera civil y presidenta de la Comisión de Infraestructura considero muy acertada la decisión del Poder Ejecutivo, la no convocatoria del proyecto para el financiamiento del Tren Rápido de Pasajeros del Gran Área Metropolitana pues los costarricenses urgen hoy de la discusión de  proyectos que ayuden a resolver las necesidades inmediatas», destacó.

Agregó que el proyecto del crédito del tren es una iniciativa que aún debe caminar y madurar su análisis y discusión en la comisión, por tanto, convocarlo en este periodo extraordinario no traería hoy mayor beneficio a la situación que vive el país en temas económicos, de salud y de desempleo, que son prioritarios en estos momentos.

Por su parte, la diputada liberacionista, Franggi Nicolás dijo que era hora de que el Presidente abra los ojos y se haya dado cuenta del clamor de cientos de costarricenses que han indicado que: ¡El tren puede esperar!

«Hoy la prioridad definitivamente no es el tren, son las más de 500.000 personas desempleadas y la reactivación económica para sacar a miles de la pobreza», dijo la congresista puntarense.

Por su parte, Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Socialcristiana, dijo que le parecía oportuno que el Poder Ejecutivo priorice ya que así tal cual no caminaría y en este momento de pandemia no debería de ser prioridad.  

El tren eléctrico implica un préstamo por $550 millones  que le permita iniciar las obras del Tren Eléctrico.


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El tren eléctrico costarricense conectaría a 15 cantones del Gran Área Metropolitana de las cuatro provincias más pobladas del país.

El contrato de préstamo con el BCIE es hasta por $550 millones, a 25 años plazo, sin comisión de compromiso y cinco años de gracia para financiar el aporte estatal del proyecto, el cual tendrá una contraparte por $1.000 millones de inversión  extranjera al tratarse de una obra por concesión.