Redacción. El asesor presidencial, Santiago Álvarez, se abstuvo a declarar ante los diputados por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), debido a que existe una denuncia penal en su contra por supuestamente solicitar información al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.
Esto pese a que el congresista, Jonathan Prendas, le dijo que ¿si estaba dispuesto a pagar el precio por todos los hechos porque todos los testigos lo habían puesto en su contra?
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Prendas insistió en que como funcionario público no podía abstenerse a declarar sobre ciertos aspectos que no tienen que ver nada con la investigación.
También, en el marco de la comparecencia las diputadas de Liberación Nacional: Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, le dejaron muy claro que existen cosas que no puede dejar de declarar porque es un funcionario público.
La denuncia penal se interpuso por parte de la congresista liberacionista, Silvia Hernández y otros diputados, debido a que en la pasada comparecencia se comprobó que podría haber gestionado información sensible de los ciudadanos de las bases de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado y hoy se confirmó por parte del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, que había pedido datos que podría ser sensible.
