- Esta medida desincentiva la bancarización, favorece el uso de efectivo y por ende pone en riesgo la seguridad de los clientes.
Redacción- Para la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la intención del Gobierno de aplicar un impuesto a las transacciones financieras, como parte de su propuesta al Fondo Monetario Internacional, para la estabilización económica, es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del Sistema Financiero Nacional.
“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas. Además, llegaría en medio de una coyuntura muy complicada, producto de la crisis generada por la COVID-19 y la situación fiscal del país”, indicó Mario Gómez, Asesor Legal de la ABC.
Se trata de un impuesto que gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera y que implicará que el Estado recoja por cada transacción un porcentaje adicional, lo cual podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra.
En caso de que el impuesto sea de un 0,3%, representaría 3 mil colones por cada millón.
Algunos ejemplos:
Si un cliente saca 10.000 colones de su cuenta por medio del cajero automático, el Gobierno le cobrará 30 colones.
- Si va al supermercado y paga 200.000 colones, el impuesto será de 600 colones.
- Si una familia o empresa pide un préstamo de 60 millones de colones, se le tendrá que cobrar un impuesto de 60.000 colones.
- Si usted va a una soda a comprarse un casado, el impuesto hacia atrás tendrán que pagarlo:
- El dueño de la soda cuando pagó el alquiler, los salarios, los frijoles, el arroz, los huevos y demás productos.
- Distribuidores que llevaron los productos a la soda.
- Las empresas que empacaron los frijoles.
Los industriales del arroz.
Los productores agropecuarios cuando compraron los insumos.
En conclusión, el casado a usted le saldrá más caro porque antes de que llegará a su mesa el Gobierno le cobró el impuesto a todo el proceso productivo. Es decir, el impuesto usted lo paga cuando hace sus pagos, pero también los productores lo pagarán y se lo cobrarán como consumidor final en los precios.
“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, concluyó Mario Gómez Asesor Legal de la Asociación Bancaria Costarricense.
