Redacción. Uno de los acuerdos a los que llegó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional es cobrar un tributo por las transacciones electrónicas y cheques, durante cuatro años.
Los primeros dos años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.
Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por
cargas sociales y la reducción de la deuda pública.
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Sin embargo, el impuesto es cruel para los consumidores, según la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).
“Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos”, manifestó Danilo Montero, director general de la OCF.
La propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población.
