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Industria alimentaria afirma que más impuestos hundirán aún más la economía

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  • Reducción del gasto público es de las principales propuestas de la CACIA

Redacción – La propuesta de más impuestos para los salarios, pensiones y transacciones bancarias definitivamente no fue bien recibida por los diferentes sectores y a ellos se une la industria alimentaria, la cual considera que más impuestos hundirán aún más a la economía del país.

Empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) indican que la iniciativa del Ejecutivo es excesiva en impuestos y no tiene una reforma estructural a largo plazo.

Esta posición la toman en el marco de la situación económica nacional que enfrenta Costa Rica por la pandemia.

Para el presidente de la cámara, Maurizio Musmanni, es una muy alta carga de nuevos impuestos y una propuesta de reducción de gasto público que podría ser más ambiciosa.

«En medio de una profunda recesión económica como la actual y con la tasa de desempleo, la vía de los impuestos destruye más valor del que genera y reduce aún más la posibilidad de reconstrucción de los puestos de trabajo», expresó.

Agregó que la eliminación de exoneraciones al impuesto de renta, la congelación de salarios mientras la deuda pública supere el 60% del PIB, eliminar pluses o suspensión de anualidades; son medidas necesarias pero aún no son soluciones reales a través de una verdadera reforma estructural del Estado.


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Para Musmanni, la única vía realmente responsable y efectiva es la de un replanteamiento del tamaño, objetivos, indicadores de desempeño y rendición de cuentas del Estado.

«No podemos aceptar la tesis de que se le dará estabilidad a la economía a través de más impuestos o con mayor endeudamiento, pues serán fondos destinados a financiar el mismo Estado que el sector político se resiste a hacer más eficiente y en pocos meses estaremos exactamente en el mismo debate», agregó Musmanni. 

Propuestas de la industria

La cámara propone medidas permanentes de reducción de cargas sociales que promueven la informalidad.

También consideran que los presupuestos y transferencias de Hacienda hacia los Poderes de la República deben reducirse.

Por otro lado, proponen que las altas pensiones se detengan, pues no son acorde a lo que cotizó el trabajador durante su vida laboral, esto excluyendo a las pensiones para personas en condición de pobreza.

Simplificación de trámites y requisitos creadores de «burocracia innecesaria» que utiliza recursos del Estado y de los pagadores de impuestos es parte de las propuestas.

Además, entre otras, promueven el cierre, revisión o reingeniería de empresas públicas con utilidades netas negativas: SINART, Consejo Nacional de Producción, JAPDEVA e Incofer, por ejemplo.

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