Redacción. Los diputados decidieron mandar el expediente 20.961 que promueve frenar el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas a consulta a las municipalidades y al Ministerio de Hacienda antes de decidir su futuro, sin embargo, integrantes de la Cámara de Comercio externaron su oposición a que se apruebe y piden que se archive de manera permanente.
“Hacemos un llamado a la buena fe y al compromiso de los diputados con salvaguardar el bienestar de Costa Rica, para que el proyecto 20.961 sea archivado de forma permanente. No es justo que los costarricenses y los comercios sufran las consecuencias de un proyecto inconveniente, con un incorrecto análisis de costo-beneficio; donde el costo social de la política es evidente y cuantificable, mientras que el escaso beneficio será para muy pocos”, destacó Jairo Mena Arce, director Ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
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El estampillado fiscal consiste en ponerle un dispositivo, etiqueta o sticker a cada unidad, que pruebe que ese producto cumplió con sus obligaciones fiscales y puede estar a la venta. Pero contrario a lo que se piensa, esta tecnología no solo afectará el bolsillo de los costarricenses, sino que, aumentará el comercio ilícito en el país.
El comercio ilícito en el país alcanzó un monto de 700 mil millones de colones para el 2019, lo que equivale al 2% del PIB y al 7% del consumo familiar.
Adicionalmente, el consumo de bebidas alcohólicas ilícitas alcanzó el 16% del consumo total de estos productos en el país.
