- Entidad estudia si es admisible o no
Redacción- La Contraloría General de la República (CGR) ya abrió un proceso de estudio de una denuncia presentada contra la polémica convención colectiva entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y varios sindicatos de este sector.
Ante la consulta de AM Prensa, la CGR confirmó a este medio que recibió la denuncia por parte del diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
«El área de Denuncias e Investigaciones la recibió y actualmente se encuentra en etapa de valoración / admisibilidad», comunicó prensa de la CGR.
Por su parte, el MEP comunicó luego de conocer la denuncia, que se pone a disposición de la CGR en este nuevo proceso.
EL MEP indicó este pasado martes que no hay irregularidades en la tercera negociación de esta convención, además, señaló que no se incluyeron beneficios económicos para los funcionarios, pese a que varios sectores afirman que sí.
«La Convención Colectiva que recién ha sido suscrita con los sindicatos, es una convención que viene desde el 2013 y cuya constitucionalidad ha sido revisada dos veces por la Sala IV. Para esta versión 2020, no se incluyeron nuevos beneficios económicos», indicó Steven González, viceministro administrativo, en un vídeo enviado por el MEP a los medios.
Un aspecto que ha generado molestia en Muñoz y otros sectores como el industrial, es un punto negociado en la convención, en el que se establece la posibilidad de no realizar reintegros de dineros que se les giró de más a algunos funcionarios.
En uno de los puntos del acuerdo, se estableció lo siguiente: «Las diferencias generadas entre el pago de incentivos de naturaleza porcentual e incentivos de naturaleza nominal, ocurridas con motivo de la falta de adaptación en tiempo y condiciones técnicas del Sistema Integra Dos, a las disposiciones y plazos presentes en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, no serán atribuibles, ni imputable su reintegro a las personas trabajadoras del MEP y por consiguiente, no se considerarán sumas giradas de más.
La procedencia de lo que se pretende establecer en el presente artículo 38 debe ajustarse a la jurisprudencia administrativa y judicial que en torno al Título III de la Ley 9635 y para su implementación debe consultarse con MIDEPLAN, ente rector del Empleo Público».
Según el MEP, lo que se indica en este punto es que se determinará si se trató de montos que efectivamente se pagaron de más, lo que aún no está claro y se deberá investigar.
«Como se ve, no hace referencia a la totalidad de las sumas giradas de más a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, sino en específico a lo que resultó de la modificación de la Ley N° 9635», indicó el MEP tras la consulta de AM Prensa.
Esta cartera señaló que la situación responde a «la Ley N° 9635 ‘Fortalecimiento de las finanzas públicas’, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de noviembre de 2018 y publicada en La Gaceta el día siguiente.
En su artículo 54 establece que cualquier compensación que se calculara como un porcentaje del salario, debería ser pagada como monto fijo, utilizando como referencia lo percibido a enero del 2018.
Antes de la Ley 9635, el MEP tenía algunos componentes que se calculaban como un porcentaje del salario.
Transcurrió un tiempo técnicamente requerido desde la entrada en vigencia y la implementación de la conversión de los incentivos, lapso que la Ley no previó, pues no se estableció un transitorio que le permitiera modificaciones al sistema informático Integra 2 (administrado por el Ministerio de Hacienda) con el que se pagan los salarios del MEP.
Durante este lapso, potencialmente pueden haberse dado diferencias entre lo efectivamente pagado a los funcionarios y lo que les hubiera correspondido. La Sala ha establecido que para rebajar sumas pagadas de más en este caso, se debe dar el debido proceso.
Lo que se pretende con la cláusula 38 de la III Convención Colectiva, es revisar si esos pagos son o no, sumas giradas de más», explicó de forma ampliada.
La entidad indicó que si se determina por parte de los entes externos, que no son sumas giradas de más, «no hay ningún monto que se deba recuperar».
Si los entes competentes determinan que sí son sumas giradas de más, «el MEP aplicará los procedimientos correspondientes para su recuperación».
El MEP indicó que serían 72 mil los funcionarios que «potencialmente» habrían recibido dineros de más por esta situación.
Sobre la cantidad total de dinero, el monto no se determina aún, pero el MEP sí confirmó que los giros de más se habrían recibido en el 2018.
