Redacción-Este miércoles 14 de octubre 2020 trascendió lamentablemente y tras un accidente vehicular la muerte de una persona indígena y otros diez más que resultaron gravemente heridas, entre ellos niños, esto en la ruta Tsipirí-Roca Quemada en Chirripó de Turrialba, Cartago.
El mal estado del camino y del vehículo habrían influido en las causas que propiciaron este accidente.
Según trascendió, la Municipalidad de Turrialba tenía un contrato suscrito entre los defensores indígenas y la empresa Grupo Condeco Vac S. A. para mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó, por un monto de ¢958.003.908, producto del procedimiento 2019LN-000001- 0017500001.
Pese a ello, la Contraloría General de la República (CGR) denegó el refrendo (validez) de ese contrato pues la Municipalidad de Turrialba no emitió a tiempo lo que se les pedía, entre ellos la certificación que garantizara el contenido presupuestario suficiente y disponible para cubrir el precio del contrato.
Sin embargo, la CGR envió otra notificación para dar más tiempo, a lo que la Administración de la Municipalidad remite el oficio No. HM-0025-2020 pero en el que tampoco quedaba clara la disponibilidad de fondos para el año 2020 para ese proyecto.
Una vez más, el órgano contralor requirió la información mediante oficio No. 9022 (DCA-2177), a lo que la Municipalidad contesta mediante dos oficios que los compromisos iban a ser cancelados en el 2020; demostrando que los recursos que respaldan las obligaciones de esa contratación son compromisos del 2019 y que por disposición del artículo 116 del Código Municipal se encuentran disponibles hasta el 30 de junio del 2020, donde la norma dice:
“Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.”
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Pese a ello, la CGR detecta que después del 30 de junio del 2020 se debió trasladar el monto a liquidación presupuestaria y ser incluido en el próximo presupuesto extraordinario por lo que ya no contaría la Municipalidad con recursos disponibles hasta una nueva aprobación presupuestaria, que para ese caso, la misma Municipalidad estimó que sería para finales del mes de julio del 2020.
Sin embargo, sería inalcanzable contar con la obra para esa fecha como para que el ayuntamiento pues el plazo contractual es de 179 días hábiles (cláusula sexta del contrato), plazo que sobrepasa el 30 de junio. Aunado a ello, el cartel disponía que se pagará los trabajos terminados y según la CGR, visto el cronograma del contratista se tiene que la primera actividad: topografía de construcción y estacado tiene una duración de 170 días hábiles y las que le siguen excavación en la vía, excavación de roca 30 y 10 días hábiles.
De allí que, aunque el contrato diera inicio, las actividades terminadas van más allá del 30 de junio, por lo que no se tendría el disponible para su cancelación.
Por todo lo anterior, la CGR NO dio el aval para el proyecto que lleva años de retraso por aparentemente una mala gestión administrativa de la Municipalidad de Turrialba.
Al parecer, organizaciones defensoras de los derechos de las personas indígenas, así como líderes comunales, síndico de la zona y otros protagonistas, estarían presentando una denuncia contra el alcalde de Turrialba, Fernando León por el delito de incumplimiento de deberes, derivado del artículo 339 del Código Penal.
