- Afirman que Hans Vindas fue quien recomendó a las dos empresas
Redacción – La jefa del Área de Planificación Bienes y Servicios, Laura Díaz, justificó ante los diputados la compra irregular de mascarillas a la empresa MR Comunicaciones Políticas y al contador David Landergren.
Díaz fue llamada por los legisladores, junto a otros trabajadores de la institución.
La legisladora liberacionista, Yorleny León, le preguntó a Díaz cómo calificaría el procedimiento y ella indicó que fue parte de la urgencia que se presentó para contar con equipo de protección de los funcionarios de salud en ese momento.
León también le consultó las razones que se dieron para solicitar cambio de proveedores, pero la funcionaria no pudo precisar cuáles fueron.
El proceso de adquisición de las mascarillas fue por $4 millones y desató cuestionamientos a nivel nacional.
Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público pidieron explicaciones al director del Área Comisiones Técnicas; Mauricio Hernández, al jefe Analista del Área de Adquisiciones Bienes y Servicios; Luis Andrés Sánchez, así como a Díaz.
Los funcionarios fueron llamados en el marco de la Investigación de los procesos llevados a cabo por las compras y contrataciones realizadas por la CCSS.
El congresista Carlos Ricardo Benavides, pidió explicaciones a Laura Díaz sobre la forma en la que Miren Martínez entregó su oferta y quién le pidió que se la aceptara.
Díaz indicó que Martínez llegó el 18 de mayo a Adquisiciones y entregó la oferta al recepcionista, quien le dio la propuesta a la jefa de Área de Planificación Bienes y Servicios.
«Hans me dio la instrucción de que la recibiera y se la pasara por correo (la oferta)», indicó Díaz.
Hans Vindas es el asesor del entonces gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras. Ambos están suspendidos de sus cargos.
La diputada Franggi Nicolás también le solicitó los detalles sobre la selección de las dos empresas cuestionadas para la adquisición de las mascarillas, la funcionaria sostiene que fue Vidas, quien recomienda a esas dos empresas, pero manifestó no recordar cuales fueron las justificaciones para hacerlo.
La polémica compra
El problema surge luego de que la Caja adjudicara dos empresas de inexpertos para la compra de 12 millones de mascarillas quirúrgicas.
La empresa de comunicación incumplió con la entrega de mascarillas, por lo que ya se inició los trámites pertinentes para resolver la orden de compra supra citada, y realizar el cobro de las multas y clausula penal.
Esta contratación de ambas empresas es por $4 millones; sin embargo, la Caja no pagó por adelantado.
Para este concurso, la Caja tuvo 18 opciones, pero aseguran que escogieron a estos dos oferentes por ser el precio menor por una diferencia de $553 mil. Además, resaltan que sí cumplían con todos los requisitos.
Según Porras, la compañía MR Comunicaciones se atrasó con la entrega de las mascarillas que se le compraron, la cual estaba pactada para el 4 de junio anterior.
A esta compañía se le adjudicó la compra por $1.9 millones.
La compañía de la periodista solicitó prórroga para entregar las mascarillas el 29 de junio, alegando que la República de España realizó la retención de la mercadería pactada en razón de la orden Real Federal de dicho país.
MR Comunicaciones Políticas fue condenada a pagar una multa por el atraso e incumplimiento.
Informe alerta supuestas irregularidades
Las pruebas aportadas en el Informe de la Gerencia de Logística, incluidos en el oficio No. GL-1610-2020, permite lanzar la advertencia por aparentes irregularidades en estas compras.
Adicionalmente se consideran los datos incluidos en los oficios No. GL-1646-2020, y la información técnica contenida en los informes No. GA- DBL- 0339- 2020 / DBL- ASO- 0526- 2020, de la Dirección de Bienestar Laboral y el área de Salud Ocupacional, dependencias adscritas a la Gerencia Administrativa.
El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el artículo 222 sobre sanciones a funcionarios:
«Las sanciones administrativas deberán ser impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria, en contra de los funcionarios que realicen actuaciones contrarias a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y el presente Reglamento. Dichas sanciones consistirán en apercibimiento escrito, suspensión sin goce de salario, despido y retiro de credenciales según las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa».
