Redacción. Durante su comparecencia en la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, explicó a los diputados que el costo de los sistemas tecnológicos para el bloqueo de la señal celular en los centros penales le corresponde a cada operador.
En octubre se realizaron más de 400 bloqueos.
Salazar afirmó que el reglamento establece que los operadores deben garantizar el bloqueo dentro de los centros penitenciarios pero dando el servicio a los vecinos y de no hacerlo se exponen a una sanción.
La jerarca explicó que los privados de libertad cuentan con teléfonos públicos, para poder comunicarse con sus familias, mientras que los trabajadores se pueden comunicar por medio de teléfonos fijos y radios.
El director del OIJ, Walter Espinoza explicó que el timo del falso funcionario bancario y el de gobierno son los más recurrentes, “se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Hacienda, de la Caja, de las Municipalidades”.
Espinoza aseguró que se da un estudio de las personas que son estafadas, donde se da ayuda externa y se requiere mucha organización. El fin último es hacerse con el dinero de la persona.
A octubre del 2020 se presentaron más de 4 mil denuncias de fraude y la mayoría son organizadas dentro de los centros penales, el perjuicio llega a los 7 mil millones de colones. El 48 por ciento de los casos se dan en San José.
El diputado Harllan Hopelman Páez señaló que se establece una especia de call center y los oficiales no se dan cuenta. La Ministra explicó que el trabajo de la policía penitenciara es de inteligencia y no tanto de fuerza.
