Redacción. El Congreso de Estados Unidos inició este miércoles los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump, señalado de haber alentado el asalto al Capitolio en Washington que dejó cinco muertos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que Trump es “una amenaza vital para la libertad y el Estado de Derecho”, durante su exposición ante los legisladores, que dio inicio al debate formal.
“Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó la insurrección [ocurrida el 6 de enero en el Capitolio], la rebelión armada contra nuestro país. Debe irse. Es un claro y actual peligro a la nación que todos amamos”, agregó.
Se espera que la Cámara de Representantes vote la acusación formal alrededor de las 20 horas GMT. Su resultado no está en duda, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara baja.
La aprobación de la acusación marcaría la apertura formal del proceso de juicio político contra el 45° presidente estadounidense, que se convertirá en el primero en la historia del país en ser procesado dos veces en el Congreso.
En sus primeras declaraciones a la prensa después de la convulsión de la semana pasada, Trump dijo que un nuevo impeachment en su contra sería “absolutamente ridículo” y afirmó que despertará “una inmensa ira” en todo el país.
El juicio político se inicia siempre en la Cámara de Representantes, que actúa como fiscal. Una vez que se presentan los cargos, que pueden ser muchos, el cuerpo vota si decide avanzar con el juicio o no. En este caso, hay una sola acusación: “incitación a la insurrección”. Basta una mayoría simple de los congresistas para que se apruebe el impeachment y eso es lo que va a tratar conseguir Nancy Pelosi este miércoles. Le sobran los números, así que no debería tener contratiempos.
No obstante, los demócratas saben que no llegar a una sentencia antes del cambio de gobierno no significa la muerte del juicio político. Si bien este debe empezar con el acusado en el cargo, puede concluir una vez que lo haya dejado. La Constitución no lo impide y hay un antecedente.
