Redacción. La diputada liberacionista, María José Corrales, acusó al Gobierno de tener un doble discurso sobre el caso Crucitas.
Ella puso sobre la mesa de trabajo el proyecto 21.584 Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica de la diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La congresista lamentó la ausencia de la ministra de Ambiente, Andrea Meza, quien en una audiencia sobre este proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales, resaltó la necesidad de proponer una solución integral al problema de la minería ilegal, principalmente la que se realiza en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
También criticó la designación del viceministro de Energía, Rolando Castro, quien evidenció un desconocimiento sobre el tema y el proyecto de ley y no realizó aportes sustantivos al proyecto.
“Es un claro doble discurso y una incongruencia. Tampoco es la primera vez y eso lo lamento mucho. Porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande convocando a todas las instituciones involucradas para analizar este proyecto de ley y que al final de cuentas, la Ministra se excuse y envíe a su viceministro que no conoce nada del tema y no aporte nada a la discusión técnica”, recriminó la diputada María José Corrales.
La congresista también señaló a los diputados José María Villalta y Paola Vega quienes han intervenido en contra del proyecto en esta Comisión, pero que no asistieron a la primera mesa de trabajo, a pesar de que se les cursó la invitación.
Las mesas de trabajo se aprobaron en una moción durante el conocimiento de este proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales, el 25 de noviembre anterior.
Durante la primera mesa de trabajo cada institución hizo una valoración general sobre el proyecto de ley.
Asimismo, se determinó que para las próximas mesas, se abordarán bloques de capítulos que contiene el expediente.
Particularmente, la discusión hizo énfasis en la necesidad de que se establezca una sola sesión de trabajo para analizar el capítulo referente al impuesto que debería pagar el concesionario de explotación minera.
También, se analizó la importancia de revisar la forma en que el proyecto determina la distribución de los ingresos generados por el impuesto y la forma del cálculo sobre el canon superficial pagarían al Estado los concesionarios anualmente.
