Redacción- El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) no cuenta con el aval para prorrogar el contrato de monitoreo de tobillera electrónica con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
La Contraloría General de la República (CGR) le denegó su solicitud para extender el plazo del contrato vigente.
La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, admitió que existe preocupación en relación con las 1.800 personas que en la actualidad forman parte de la modalidad de vigilancia electrónica.
“Hemos recibido respuesta de la Contraloría General de la República en relación con el artículo 208, sobre el cual les habíamos solicitado la posibilidad de extender el contrato actual de monitoreo electrónico. La Contraloría nos ha denegado la solicitud en esta ocasión. Por lo tanto, estamos analizando los criterios que ellos nos exponen en su oficio. No obstante, para preservar la seguridad ciudadana estaremos valorando todas las posibilidades jurídicas para atender esta situación”, hizo hincapié la ministra.
El Ministerio de Justicia y Paz, buscaba obtener una autorización para realizar una modificación unilateral de prórroga por 24 meses del contrato suscrito entre ese ministerio y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
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La CGR la denegó por estas razones:
- PRESUPUESTO: no se cuenta con el contenido presupuestario suficiente para atender la solicitud realizada.
- PRECIO: La administración no evidencia tener certeza del precio que regirá durante el plazo de contrato, si este se prorroga.
- CONTRATO: No se tiene certeza sobre la vigencia del contrato pues no se ha acreditado dicha condición según lo establecido en el cartel.
La Contraloría indicó que para iniciar el procedimiento de extensión del contrato es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. Sin embargo, Justicia manifiesta que ese contenido lo solicitó, a mediados de enero, al Ministerio de Hacienda en el presupuesto extraordinario que estaría por enviarse a la Asamblea Legislativa en los próximos días.
La CGR también cuestionó la vigencia del contrato con la ESPH –que se vence el 27 de febrero del 2021– así como la constancia de que el precio se va a mantener en caso de una extensión.
Justicia señala que en el primero de estos puntos, la Proveeduría Institucional tiene documentada esa fecha como plazo del vencimiento, mientras que, en lo segundo, no se ha iniciado ninguna negociación con el contratista, justamente al estar el MJP a la espera del aval contralor para extender el contrato vigente
