Redacción. Por unanimidad, los ocho diputados que integran la Comisión de Hacendarios aprobaron darle visto bueno al segundo presupuesto extraordinario por más de 21 mil millones de colones, que servirán para la compra de chalecos, armas y brazales electrónicos por parte de los Ministerios de Seguridad y Justicia.
Antes de someter a votación el proyecto, los legisladores recibieron en audiencia a los ministros de Justicia, Fiorella Salazar y Michael Soto, de Seguridad, quienes explicaron el uso que darán sus carteras de los recursos contenidos en el plan de gastos.
La titular de Justicia justificó la solicitud de los recursos que ascienden a más de 5700 millones de colones, asegurando que se necesitan para cumplir con las obligaciones de atención del sistema penitenciario nacional.
Más de cuatro mil millones de colones se utilizarán para dar continuidad al contrato con la empresa de Servicios Públicos de Heredia en el sistema de monitoreo electrónico o uso de alquiler de dispositivos electrónicos de seguimiento, para el control de la población, a la cual, los jueces ordenen el cumplimiento de la pena, mediante el uso de brazaletes o tobilleras.
El diputado Harllan Hoepelman recordó a la Ministra de Justicia, la advertencia de la Contraloría General de República sobre el contrato que existe con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y que lo ha rechazado en dos ocasiones.
Por su parte, el Ministro de Seguridad, Michael Soto, recordó que desde el trámite del presupuesto ordinario llamó la atención de que los recursos contemplados en ese plan no eran suficientes para atender las necesidades de los cuerpos policiales.
Recalcó que los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario por 13 mil millones de colones son necesarios para la adquisición de chalecos para los efectivos de la Fuerza Pública, así como la compra de armas.
En otros de los temas, la Comisión aprobó un texto sustitutivo del expediente 22144 Ley de creación del fondo nacional de avales y garantías para el apoyo a las empresas afectadas por el covid-19 y la reactivación económica.
El Fondo será gestionado, a través de la constitución de un Fideicomiso, que estará estructurado por el Ministerio de Hacienda en condición de fideicomitente; el Banco Centroamericano de Integración Económica será el Fiduciario y; como fideicomisarios, las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que otorguen créditos avalados.
Los beneficiarios del fideicomiso serán las diferentes personas físicas y/o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales afectadas por la pandemia ocasionada por el Covid-19 que califiquen para este Fondo conforme a la presente ley y su reglamento.
El Estado realizará un aporte para este Fondo de avales por la suma de ciento ochenta mil millones de colones, provenientes del Contrato de Préstamo N°2252 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Costa Rica, para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización.
