Redacción. Tras aprobarse en segundo debate el proyecto de ley 20.961, el diputado e impulsor de esta iniciativa, Daniel Ulate, espera que no mueran más costarricenses por el consumo de licor adulterado.
El proyecto tiene como objetivo la prohibición de la adulteración y la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando.
«Las autoridades que verifiquen mediante el sistema que comercios están vendiendo licor adulterado permitirá a las autoridades correspondientes imponer sanciones y rastrear más fácilmente a las personas que se dedican a este tipo de negocio ilícito», destacó.
Las sanciones por irrespetar esta ley son:
- Cierre provisional y precautorio del establecimiento durante quince días naturales.
- Iniciar el procedimiento administrativo de cancelación de las respectivas licencias y patentes municipales.
- En caso de reincidencia debidamente demostrada, realizar el cierre definitivo e inmediato del establecimiento.
- Cualquier otra sanción que proceda de conformidad con la legislación vigente.
«Este proyecto impulsado por varias fracciones legislativas, además de brindarle el mecanismo tecnológico a hacienda, también amplia la capacidad humana facultando a la Policía Municipal y a los inspectores municipales a colaborarle a la Policía de Control Fiscal a decomisar el producto que haya sido contrabandeando y adulterado, lo que permitirá a las municipalidades sancionar a los establecimientos que comercien ese tipo de bebidas», destacó.
