Redacción. La ilegalidad del decreto que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) quedó clara tras la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, según dijeron los diputados liberacionistas: Carlos Ricardo Benavides y Franggi Nicolás.
«Desde el 21 de febrero del año pasado manifesté públicamente que el decreto UPAD violentaba la confidencialidad de los datos de las personas, que tenía que ser derogado de inmediato y había que echar a sus redactores. Hoy ha quedado más claro que nunca que el decreto era ilegítimo. La pretensión de obtener datos para generar políticas públicas nunca puede justificar el hecho de hacerlo por medios contrarios a la ley», destacó.
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De igual manera, la diputada de Liberación Nacional, Franggi Nicolás, aseguró que la UPAD operó por 18 meses a escondidas y el truco es que Carlos Alvarado no sepa dónde está la información recabada de los costarricenses por la UPAD.
«La trampa es brincarse todos los procesos de validación institucional para darle formalismo a una unidad ilegal, truco también es que ustedes tuvieron acceso a información sensible de los costarricenses antes de firmar convenios y acuerdos de confidencialidad», destacó.
Agregó que: «Don Carlos además de truco y trampa, usted cometió el posible delito de falsedad ideológica. A usted le aplica la ley igual que al resto de costarricenses, espero que la Fiscalía tome en cuenta este nuevo elemento y valore la posibilidad de sumarlo a sus nueve acusaciones que usted ya tiene», destacó.
En su pronunciamiento sobre la comparecencia, el Comité Ejecutivo Superior del PLN, dijo que quedó claro que Carlos Alvarado Quesada renegó del dictamen de la Procuraduría General de la República, desconoció el derecho de investigación de la Asamblea Legislativa y no aclaró las dudas existentes, en especial dejó la sensación de que había algo irregular en el manejo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
«Desde nuestra agrupación política, reconocemos que no está en discusión el uso de datos para generar política pública, pero sí la forma y el uso que se le dieron a los datos recopilados por la UPAD, así como la firma por parte del Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, de un decreto que genera dudas razonables sobre su legalidad y constitucionalidad», destacó el comunicado oficial.
