- MJP acudió al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
- Recepción de ofertas para cartel de contratación está abierta
Redacción- El monitoreo electrónico de reos continuará funcionando mientras se contrata a un nuevo proveedor.
Así lo confirmó este jueves el Ministerio de Justicia y Paz, que se acogió al artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) para lograrlo.
Según informó la cartera, acudirá a esa normativa para firmar un contrato adicional con el actual proveedor, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
Dicho contrato podría ser hasta por 24 meses o hasta que se cuente con el nuevo proveedor contratado (lo que suceda primero).
«Acudimos a un instrumento válido y vigente con la intención de no afectar la estabilidad del servicio de monitoreo electrónico y en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de las personas sujetas a esta modalidad», dijo la ministra de Justicia, Fiorella Salazar.
La cartera informó que el contrato con el nuevo proveedor estaría firmándose en el mes de diciembre de este mismo año, según el cronograma de la licitación.
El contrato actual vence el próximo 27 de febrero del 2021 y la ESPH garantizó que cubrirá, por 8 días naturales, el servicio sin costo alguno, mientras se concreta la transición entre el contrato actual y el contrato adicional.
El numeral 209 del RLCA no prevé la solicitud de aval a la Contraloría General de la República, como sí ocurría por la vía del artículo 208, que aplicaba mientras el contrato se encuentra vigente. Para la aplicación del 209, el requisito previo es el vencimiento del contrato actual.
“Los señalamientos que con anterioridad hizo la Contraloría ya fueron atendidos: el contenido económico se logró con la aprobación del presupuesto extraordinario el pasado 18 de febrero; la documentación de respaldo sobre la fecha de vigencia del contrato actual fue remitida; la certidumbre sobre el precio, que en este caso se negoció a la baja y con un esquema adicional de disminuciones conforme aumenta la cantidad de personas monitoreadas; así como la publicación de la licitación pública internacional, el 2 de febrero pasado”, informó Salazar.
Con esto, el costo diario por cada tobillera pasará de $12,3 a $10,3.
También se negoció una reducción del precio por cada 100 nuevos ingresos al modelo de vigilancia electrónica.
Estas reducciones progresivas en la tarifa proyectan un ahorro de ₵1.340 millones en el 2021.
Justicia recuerda que el cartel licitatorio, que se publicó a principios de febrero, aún se encuentra abierto y seguirá así hasta el próximo 29 de abril.
