Redacción- La agrupación Mar Viva denunció ante la opinión pública que Senasa, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aprobó, entre el 24 de noviembre del 2020 y el 07 de enero del 2021, 11 solicitudes de exportación de especies de tiburón.
Se trató de especies protegidas por el Apéndice II de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), «sin contar con la autoridad para hacerlo», añadió la agrupación.
La Convención CITES busca regular el comercio internacional de especies silvestres en situación de amenaza para asegurar su conservación.
Las actuaciones del SENASA ocurrieron pese a que, desde noviembre del 2020, la Sala I notificó la sentencia 002005-F-S1-2020 que anuló el Decreto Ejecutivo Nº 40379-MINAE-MAG, «Reforma regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES)».
Según MarViva, el decreto había sido emitido por la Administración Solís Rivera en el 2017 y cedía al INCOPESCA y al MAG las potestades exclusivas como autoridades científica y administrativa, respectivamente, para adoptar decisiones sobre la comercialización internacional de especies silvestres CITES declaradas como de interés pesquero.
Esta decisión ocasionó que la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades ambientales fuesen excluidas de la toma de decisiones en esta materia.
En la sentencia 002005-F-S1-2020, la Sala I declaró la nulidad de dicho decreto, así como de todos los actos y actuaciones conexas. Uno de ellos, es el Decreto Ejecutivo Nº 40636- MAG, «Designa al Servicio Nacional de Salud Animal como autoridad administrativa CITES de conformidad con decreto ejecutivo N° 40379-MINAE-MAG«.
Por medio de esta norma, se pretendió regular lo establecido en el Transitorio II del decreto anulado, que exigía al MAG definir la dependencia dentro de su estructura que se designaría como autoridad administrativa.
Sin embargo, en el oficio SENASA-DG-123-2021 del 4 de febrero del 2021 por medio del cual el SENASA atendió una solicitud de información presentada por Fundación MarViva, se acreditó que dicha dependencia aprobó al menos 11 solicitudes de exportación de especies de tiburón gris y zorro; ambas protegidas por la Convención CITES, entre el 24 de noviembre del 2020 y el 7 enero del 2021.
Este periodo corresponde a los meses posteriores a la anulación del Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG y de sus actos y actuaciones conexas; es decir, estas autorizaciones se otorgaron cuando el SENASA ya no tenía competencias de autoridad administrativa CITES.
«Al existir una conexidad evidente entre el decreto anulado y el decreto Nº 40636 por medio del cual el MAG designó al SENASA autoridad administrativa, esta dependencia tenía que haberse abstenido de recibir y aprobar solicitudes de exportación de especies amenazadas desde el momento de la notificación de esta sentencia en noviembre anterior, ya que no contaba y todavía no cuenta con las competencias para hacerlo”, dijo Jorge Jiménez, Director General de Fundación MarViva.
El oficio SENASA-DG-123-2021, dice MarViva, aporta información de las solicitudes de exportación gestionadas desde junio del 2020 hasta enero del 2021, indicando, entre otros datos: el nombre de la empresa exportadora, el país de destino, el nombre común y nombre científico de la especie, la descripción de la parte o derivado, así como la cantidad que se pretende exportar.
Particularmente, para el período entre el 24 de noviembre de 2020 y el 7 de enero de 2021, se acredita que se autorizó la exportación de más de 150.000 kilos de cuerpos, cuero y aletas de tiburón de las especies gris (sedoso) y zorro con destino a México, Taiwán y Hong Kong. Asimismo, el oficio confirma que el objetivo de estas transacciones es el de comercialización y que todas fueron aprobadas.
En enero de este año trascendió la intención del MAG de revivir las competencias del INCOPESCA y el SENASA, por medio de una nueva norma que integraría las disposiciones, tanto del Decreto 40379-MINAE-MAG como del Decreto 40636-MAG.
Para ello, se generó una propuesta de normativa que fue sometida a un proceso de consulta pública sumamente cuestionado por la academia, los colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.
Organizaciones e instituciones como MarViva, Fins Attached, el Colegio de Biólogos de Costa Rica, así como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), remitieron criterios en contra de la iniciativa.
«El artículo IX de la Convención CITES exige a los países miembros la designación de una o más autoridades administrativas competentes para conceder permisos o certificados en nombre de dicho país. En este caso, Costa Rica estaría incurriendo en actos contrarios a sus compromisos internacionales: se están aprobando solicitudes de exportación de tiburones en estado de amenaza, sin contar con las competencias legales ni con el respaldo técnico necesario. Inclusive, es necesario que Costa Rica notifique de estos ajustes en la institucionalidad CITES a la Secretaría de la Convención”, agregó Jiménez.
MarViva hace un llamado a las autoridades de gobierno para que, «ante la anulación del Decreto 40379-MINAE-MAG y de todos sus actos y actuaciones conexas, se genera una nueva institucionalidad CITES que brinde seguridad jurídica a todas las partes interesadas».
Solicita que se asegure una gobernanza participativa, multisectorial y con la rigurosidad técnica y científica que merece la adopción de decisiones sobre el comercio de especies silvestres en estado de amenaza.
