Redacción- La falta de respuesta por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a las más de 200 mil solicitudes del Bono Proteger; provocó que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, acudiera a la Sala Constitucional.
El ente defensor pide a ese alto Tribunal que ordene a la Administración, resolver y contestar todas las solicitudes que, desde abril 2020 y a la fecha, se encuentran en estado de trámite, validación y análisis en dicha plataforma.
En el recurso de amparo, la Defensoría sostiene que al 8 de enero 2021, la plataforma del Bono Proteger contabilizaba un total de 1.037.386 solicitudes recibidas.
De esas solicitudes, a esa fecha, un 26% se encontraba en “proceso de análisis” (es decir, un registro que aún está cursando por los validadores de análisis de criterios). Ese 26% representa un poco más de 269.000 solicitudes.
Esto implica que, a enero 2021, más de 269.000 habitantes seguían sin saber si podían o no recibir el Bono Proteger.
Cabe destacar que, en el 2020 la Defensoría recibió 5561 solicitudes de intervención contra el IMAS; y al momento de presentar el amparo, la Defensoría de los Habitantes contabiliza un total de 1260 denuncias de habitantes cuya solicitud aún se encuentra sin resolver.
Para la Defensoría resulta inadmisible que, en el contexto de la pandemia por COVID-19, las personas que se quedaron sin su fuente de ingreso vean además lesionado su derecho fundamental al buen gobierno, ante la incertidumbre de no conocer de parte de la Administración Pública si realmente pueden o no acceder al bono que garantice su estabilidad.
Además, se conocer al menos las razones por las que no pueden ser beneficiarios, atentando así contra los principios constitucionales de transparencia, eficiencia y efectividad; pero sobre todo, ante su derecho de recibir respuesta a la solicitud del bono proteger.
