- Dirigió un oficio al Regulador General de la República
Redacción- «Muchos habitantes de la República se ven afectados con los considerables aumentos de los combustibles; y al día de hoy desconocemos si existe un plan concreto para alivianar el bolsillo de los consumidores», expresó la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Mediante un comunicado de prensa, la Defensoría de los Habitantes salió en defensa de los consumidores al cuestionar a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
En un oficio dirigido al Regulador General de la República, Roberto Jiménez Gómez, la Defensora pidió explicaciones por: «la periodicidad y garantías propias dentro de los procesos de licitación pública exige la Autoridad Reguladora, para la adquisición de combustibles en el mercado internacional, con la intención de definir el precio, condición y calidad más favorable».
Asimismo, consultó si en la fijación tarifaria se utilizan los precios internacionales de referencia o en su defecto los precios efectivos (reales) que los adquiere RECOPE.
A la Defensoría le interesa, según indicó, que ARESEP informe si de acuerdo con el modelo de importación de combustibles carburados ya finalizados; existen dentro del desglose de rubros montos económicos que reconocen alguna intermediación por parte de terceros que afecten el monto final en el precio del combustible.
De ser así, la entidad solicitó saber quienes participan y que porcentaje por intervenir en la negociación perciben, y cómo afecta la definición del precio final.
Además, la Defensoría pidió información de si existe algún estudio realizado por la Autoridad Reguladora que determine los beneficios o perjuicios finales para los consumidores, el hecho de que la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) se dedique a la importación final de combustibles ya procesados, versus su falta de refinamiento local.
Sobre la actividad que realiza actualmente RECOPE, la entidad indicó que es importante para esta conocer si se ha valorado tarifariamente el eventual encarecimiento de precios de los combustibles a los consumidores, en relación con el recurso eventualmente ocioso que mantendría esa institución.
