Redacción. Los congresistas que integran la Comisión de Infraestructura no ocultaron su molestia y preocupación por los problemas de infraestructura que presentan los centros educativos públicos a lo largo de todo el país.
La Presidenta de este órgano legislativo, la congresista Paola Valladares, fue enfática en cuestionar lo que calificó como un “mal manejo de recursos”, por parte de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública.
Lourdes Fernández Quesada, directora del Fideicomiso Banco Nacional, explicó que el financiamiento se firma en el 2014 con el BID y en el 2015 se contrata la Unidad Ejecutora, la primera obra se entrega en junio del 2016 y más de 40 obras entregadas.
Señaló que por ley se establecieron 103 obras con un presupuesto de 167.5 millones de dólares y propuso un plazo de cinco años, pero sin los estudios necesarios y sin contar con los terrenos.
“Se perdió tiempo valioso por no contar con los estudios”, aseguró Fernández.
La experta explicó que en el 2016 las autoridades se dan cuenta de que el monto de $167.5 millones no serían suficientes y los recursos del fideicomiso ya estaban otorgados al crédito lo que dificultó la obtención de más fondos.
Luis Ramón Carranza, diputado oficialista, cuestionó el tiempo de cinco años y que esa “camisa de fuerza” debió frenarse desde el principio.
Señaló se le dio “mucha” responsabilidad a las Juntas de Educación.
