Redacción- La Fiscalía Adjunta contra la Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación bajo el expediente 21-000089-1218-PE, para determinar si existe un posible tráfico de influencias en el proceso de vacunación contra la covid-19.
El Ministerio Público no ha detallado los hechos, pero si dieron a conocer que hay una pesquisa la cuál investigan tras un informe pedido y entregado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En el documento se detallaba que se registran varias anomalías en el proceso de inmunización de funcionarios de primera respuesta al estado de emergencia nacional por la enfermedad respiratoria, así como de residentes y personal de centros de larga estancia para adultos mayores.
Lo anterior dio a conocer que se vacunaron a personas que no estaban dentro del grupo prioritario uno.
Por ejemplo, el 28 de enero se dieron variaciones en el orden de inmunización 16 trabajadores del Hospital Enrique Baltodano Briceño. Ellos no estaban en la atención directa de pacientes del virus pero recibieron la dosis antes que 78 servidores que se desempeñan en el servicio de emergencias.
También, 17 personas las que fueron vacunadas contra el Covid-19 en el Hogar Carlos María Ulloa, pero que no están reportadas como trabajadores ni como residentes de este centro para adultos mayores. La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó al Ministerio de Salud el hallazgo de inconsistencias en la lista de vacunados contra el Covid-19 en este centro.
Como en estos dos casos anteriores, se han dado a conocer que en otras instituciones públicas se han vacunado personas que no cumplían con los requisitos ni condiones de riesgo.
Se desconocen a cuántas personas y a quienes se les abrió la causa.
El delito de tráfico de influencias es cuando un servidor se prevalece de su cargo para intervenir en otro para hacer, retardar u omitir un acto propio de funciones en beneficio suyo o de otros. La persona que cometa este delito puede ser penado entre dos y cinco años de cárcel.