Ruth Torres Montero
La pandemia mundial por la Covid-19 está teniendo un efecto profundamente negativo en las brechas de desigualdad que se ven reflejadas en la salud, la educación y, sobre todo, en las actividades económicas asociadas a temas de sobrevivencia.
Así lo señaló el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El trabajo infantil y adolescente ha sido una problemática a nivel mundial de la que nuestro país no escapa.
En medio de la crisis económica que enfrenta el país, se acrecienta la vulnerabilidad de este sector de la población.
“Habida cuenta de las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil”, indico Guy Ryder, Director General de la OIT.
Situación apremiante
Virginia Murillo, presidenta ejecutiva de la organización Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI Costa Rica, recalcó que la situación es apremiante.
Señaló que se debe considerar de carácter urgente la intervención del Estado con acciones inmediatas que permitan minimizar el impacto, ya que esta población ha estado invisibilizada en medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.
La ausencia de políticas públicas y la burocracia que media para la debida aplicación de las ya existentes lleva a que niños, niñas y adolescentes tengan que incorporarse al mundo laboral.
“Este es un fenómeno multicausal y el deterioro de las condiciones de vida provoca que gran parte de los niños, niñas y adolescentes hoy estén trabajando en estrategias de sobrevivencia familiar y en condiciones mucho más precarias.
“La ausencia de programas efectivos y acciones estatales, sumado a esta dinámica de la Covid-19, hace que no sepamos donde están o en las condiciones en que realmente se encuentran”.
Para Tania Dornellas, representante de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil de Sudamérica, es importante visibilizar las necesidades de cada país.
Indica que para muchos ha pasado desapercibido la interrupción de la educación a causa de las medidas de confinamiento. Pero más serio aún, es la falta de soluciones de aprendizaje a distancia.
Esto ha significado una gran frustración tanto para los docentes, estudiantes y para los padres de familia, pues no cuentan con los insumos necesarios para incorporarse en la virtualidad, por tanto, son excluidos del sistema educativo.
Método de subsistencia
Philippe Vanhuynegem, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, asegura que esta es una crisis a nivel regional.
Indica que cuando hablamos del trabajo infantil y los riesgos asociados a la pandemia se debe tomar en consideración la suma de una serie de factores, como la pérdida de puestos de trabajo y la ausencia de acciones. Ambos son indicadores de que nos enfrentamos a un retroceso en toda la región.
“Estamos realmente frente a una crisis sin precedentes. La relación entre la pandemia y el crecimiento futuro puede ser muy lento; la respuesta es mucho más compleja”, comentó.
Para Vanhuynegem, el panorama varía según la región, sobre todo si no se ve desde la necesidad de transformar los contextos adversos para generar mejores condiciones de vida y esperanza para las poblaciones adolescentes que vienen en camino con muy pocas perspectivas de vida.
“En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias. A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye; más niños se ven empujados a trabajar”, indicó Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF.
Otro aspecto por considerar es la construcción de protocolos diferenciados, capaces de garantizar el retorno a la presencialidad en el menor tiempo posible y así evitar el colapso total de las futuras generaciones.
“La educación no es un lujo, es una obligación que el estado debe asegurar”, comentó Ricardo Buccio, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Buccio señala que para utilizar el método virtual se necesitan recursos tecnológicos universalmente distribuidos, es decir, que para ningún niño, niña o adolescente debería significar un impedimento el acceso a la educación por ser este un derecho establecido.
Lamentablemente, gran parte de ellos no cuenta con los recursos necesarios y esto los coloca en una situación de distanciamiento con el sistema educativo, quedando como única opción su incorporación al mundo laboral no formal.
Tampoco se ha tomado en consideración la parte emocional y el impacto que conlleva el distanciamiento social el cual, además, impacta de manera negativa en sus etapas de desarrollo personal.
Buccio señala que “uno de los puntos centrales de la vida cotidiana es la escuela, no solamente como espacio físico de referencia educativa, sino como un vínculo de construcción de identidad.
“También, es el mecanismo por el cual las generaciones se van nutriendo de los componentes que les permite ir superando etapas del desarrollo y proyectarse hacia el futuro”.
Asegura, también, que se necesita más que buenas intenciones o discursos políticos para paliar la situación.
Si se analiza concienzudamente el hecho de que la pandemia ha generado incertidumbre ante los desempleos masivos, incremento de la pobreza, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, es posible asegurar que, como consecuencia, tenemos una mayor injusticia distributiva en la cual siguen siendo los niños, niñas y adolescentes los más afectados.
“Al tiempo que sus familias encontraron mayores dificultades para la sobrevivencia, para garantizar la comida diaria, tuvieron también, la necesidad de que muchos chicos y chicas los acompañaran a trabajar como una iniciativa para garantizar los ingresos necesarios al hogar.
“Hemos sido testigos de situaciones que han ido precisamente en la dirección de asumir labores que la Convención llamaría, explotación económica”, comentó Norberto Liwshi, exintegrante del Comité de Derechos de los niños, niñas y adolescentes en Naciones Unidas.
Realidad costarricense
En Costa Rica, el trabajo infantil se concentra principalmente en las zonas costeras, las cuales también, son las de mayor vulnerabilidad social y económica, como lo son Limón, Puntarenas y Guanacaste.
Según los resultados de la aplicación del Modelo de Indicadores de Riesgo de Trabajo Infantil, aplicado por la OIT y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el país tiene una vulnerabilidad al trabajo infantil a escala nacional de 27 puntos en promedio, de un total de 100.
La exministra de trabajo y actual ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, comentó que los indicadores nos muestran una incidencia mayor en ciertas zonas y con ciertas características.
“En todos los casos podemos ver que se trata de poblaciones vinculadas al sector agropecuario, zonas costeras y también de poblaciones indígenas o afrodescendiente. Esta es una alerta importante de la atención que tenemos que brindar”.
La ministra de Educación Guiselle Cruz, informo que, desde el inicio de la pandemia, se ha perdido el rastro de aproximadamente 91,000 niñas y niños.
Sumado a ello, se estima que, a noviembre del 2020, 324.000 estudiantes no tuvieron acceso a la educación virtual por falta de conectividad y que nueve de las 27 regiones educativas no alcanzaron ni el 50% de la conexión a Internet.
Esta tarea se complica ante la ausencia de estrategias eficaces que permitan medir los impactos reales y que también, faciliten el planteamiento de nuevas acciones que permitan minimizar el impacto de esta problemática.
“Es un hecho que actualmente en nuestro país no contamos con una herramienta eficaz que nos permita medir la cantidad de niños, y en particular las niñas, que están en riesgo de trabajo infantil o que están asumiendo una serie tareas domésticas, el cuido de sus hermanos o bien de adultos mayores o personas enfermas”, concluyó Murillo.
Se debe actuar de manera inmediata con el fin de reducir las condiciones de exclusión y las brechas de desigualdad que llevan a esta población a buscar la sobrevivencia con sus familias a través de actividades económicas.
“A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar”, comentó Fore.
Con motivo del lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en las Américas 2021, el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, expresó que no es posible que la niñez se prive del derecho al estudio, que se limite el ejercicio pleno de sus derechos humanos al incorporarse al mercado laboral con la intención de apoyar a sus familias.
“Esta situación agrava aún más nuestra realidad en tiempos tan complicados, ya que un país que no protege a su niñez es un país que compromete su futuro, por tanto, debemos mantenernos unidos, luchar contra este flagelo y no perder el norte con respecto al cumplimiento de la meta 8.7 de poner fin al trabajo infantil en el 2025”.
Estamos ante un desafío que supera los efectos de esta crisis sanitaria. Como lo señala claramente la OIT, “la crisis económica y social afectará especialmente a los niños”.
Se estima que entre 2020 y 2021, aproximadamente de 42 a 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la pandemia, lo que se suma a los 386 millones de niños que en 2019 ya se encontraban en situación de pobreza extrema a nivel mundial.
Ellos son más vulnerables al trabajo infantil y corren un riesgo especial en medio de la crisis actual.
*Esta nota es parte del convenio con Digitus CR, el laboratorio de innovación y producción de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Federada San Judas Tadeo.
