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Unas 30 mil personas se beneficiarán con el proyecto de titulación de terrenos del INVU

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Foto con fines ilustrativos. AMPrensa.com.

Redacción.   La diputada liberacionista,  Yorleny León Marchena, presentó un proyecto de ley que permitirá al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) avanzar en la titulación de 9.311 propiedades, de su pertenencia.

Para ello, el expediente 22.496, que se construyó conjuntamente entre la legisladora y el ente de bien social, propone que por un plazo máximo de 10 años, se asignen recursos del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, para el financiamiento de la venta de estos inmuebles a las personas ocupantes.

La propuesta de ley establece que los recursos podrán ser utilizados únicamente para la cancelación de costos asociados a la gestión administrativa de la contratación por parte de terceros; elaboración de planos de catastro; gastos de conformación del expediente del caso; avalúo del inmueble; honorarios de notariado; gastos legales (timbres) y estudios socioeconómicos.

Se trata de una inversión necesaria, ya que el INVU cuenta en la actualidad con un registro de 9.311 propiedades para ser tituladas, bajo las distintas modalidades que se gestionan (venta, adjudicación, decreto y área pública); es decir, cerca del 90% de los inmuebles de su propiedad, se encuentran identificados como casos de titulación.

Estos casos se han ido acumulando por décadas, ya que en su mayoría, la población meta que se atiende, se compone de familias de escasos recursos que viven en condición de pobreza y pobreza extrema.

Para calificar como beneficiarios, las personas deben encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema según la Ficha de Inclusión Social generada a partir del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) o bien, contar con un estudio socioeconómico vigente que demuestre la viabilidad de acceder al subsidio.

Según explicó la diputada León Marchena, “el no contar con un título de vivienda, se convierte en una limitante para que estas poblaciones puedan acceder a programas sociales, ya que no llegan a cumplir con el requisito de ser propietarios registrales del inmueble en el que habitan”.

 

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