Redacción. El convenio anunciado por el Ministerio de Hacienda para que las instituciones públicas puedan contratar únicamente a 14 empresas constructoras «limita la libre competencia», aseguran los congresistas.
Yorleny León, diputado liberacionista, aseguró que no deja de sorprender que Hacienda vaya en la vía contraría de favorecer y resguardar la libre competencia.
«Me surge la duda si en Hacienda por medio de ese convenio se busca favorecer a algunas empresas, lo cual de ser así sería absolutamente delicado», destacó.
La circular se remitió el pasado 31 de mayo a todos los jerarcas de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, así como a los órganos desconcertados de la administración central y revela que -desde el pasado 7 de junio- dichas instituciones solo podrán contratar a 14 empresas para servicios de infraestructura con fondos propios por un plazo prorrogable hasta cuatro años.
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Por su parte, la diputada de Nueva República, Carmen Chan, dijo que este convenio es altamente cuestionable desde el punto de vista ético y jurídico, ya que limita la libre competencia, sin una rigurosidad técnica que demuestre que dicha limitación es racional, proporcional y que satisface un interés público.
«El Ministerio de Hacienda por medio de una circular se tomó la atribución de pisotear la libre competencia y la libertad empresarial —principios que nuestro ordenamiento jurídico establece y define— con medidas arbitrarias y desproporcionadas que perjudican el desarrollo económico del país.
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«El sector de la construcción ha sido de los más afectados por la pandemia y la obra pública una de las áreas susceptibles de irregularidades y corrupción, por tanto las medidas que se tomen deben garantizar apego estricto a lo que las leyes dictan y total transparencia», destacó.
La diputada dijo que este convenio le genera dudas de sus verdaderas intenciones y de si realmente se realizaron todas las valoraciones técnicas, legales, de razonabilidad y conveniencia pertinentes.
La Cámara Costarricense de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ya se han opuesto a la iniciativa y enviaron cartas a la directora general de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, Maureen Barrantes Rodríguez, aduciendo que la medida es contraria a las medidas de reactivación económica.
