- Empleados de Conavi continúan con goce de salario, mientras en el MOPT aún no se ha establecido que sea sin el pago
- Los trabajadores tienen, como otra medida cautelar, no acercarse a Conavi
Redacción – Son más de ₡19 millones los que paga el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) mes a mes a los funcionarios investigados en el caso «Cochinilla», quienes se encuentran suspendidos de sus labores.
La jueza Carolina Lizano les dictó la medida cautelar y, además, no pueden acercarse a un kilómetro de Conavi, al igual que los trabajadores del MOPT.
La decisión de continuar o no con el pago de la quincena, es de carácter administrativa; es decir, le corresponde a cada dirección de ambas instituciones.
En el caso de Vialidad, informaron a AM Prensa que, en efecto, sus nueve funcionarios suspendidos por la investigación, continúan con goce de salario.
Para los otros cuatro de Obras Públicas y Transportes, la cartera especificó que aún la Dirección Jurídica no ha tomado la decisión con o sin goce de salario. Lo que quiere decir que aún permanecen con su remuneración respectiva.
Además, la Sala Constitucional se ha pronunciado en ocasiones anteriores a favor de los trabajadores suspendidos, quienes tienen el derecho de continuar con su salario, según la resolución.
Funcionarios Conavi
Funcionarios MOPT
May Cantillano dejó su cargo en Conavi el 15 de julio del 2018 y, actualmente, se desempeña como gerente de Servicio Civil 1 en el MOPT con un salario bruto mensual de ₡2.275.944,50, según comunicó la cartera a AM Prensa.
Además, están:
- Rodríguez Araya, Trabajador Calificado Servicio Civil 2, salario bruto ₡400.123.00
- Carmona, Profesional del Servicio Civil 2, salario bruto ₡1.563.349,50
- Quesada Pérez, Programador de Computador 3, salario bruto ₡862.574,00
Todos ellos son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción por estar aparentemente involucrados en el caso de corrupción «Cochinilla».
Las autoridades judiciales informaron que se presume que cometieron, entre otros, el delito de estafa al Estado por ₡78 mil millones.
Por lo anterior, las autoridades judiciales detuvieron a 30 personas en total, todos ellos quedaron en libertad con medidas cautelares como la mencionada.
Específicamente se investigan por los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.
Supuestamente, algunos de estos funcionarios recibieron dádivas y sobornos a cambio de favorecer facturas y los pagos hacia empresas constructoras como H. Solís y MECO durante las licitaciones para obras públicas.
