- Imputados son sospechosos de estafar al Estado por ₡78 mil millones
- Funcionarios públicos habrían recibido dádivas y sobornos por parte de constructoras
Redacción – La comodidad de directivos y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como de los empresarios Mélida Solís, Carlos Cerdas y otros, pende de un hilo.
Tras la apelación de la Fiscalía, otro juez decidirá si continúan en libertad. Ahora está en manos del juez Hugo Porter Aguilar, según informó el Poder Judicial.
El Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José notificó a las partes sobre la apelación a las medidas cautelares dictadas por la jueza Carolina Lizano.
La diligencia iniciará el lunes 12 de julio a partir de las 8:30 de la mañana, pero aún no hay fecha de finalización debido al amplio expediente, la cantidad de recursos presentados y la multiplicidad de las partes en el proceso.
Todos los sospechosos se encuentran en su casa sin ninguna otra medida más que separación de su cargo con goce de salario para los trabajadores públicos, impedimento de salida del país, fianza y no acercarse al aeropuerto para Solís y Cerdas, entre otras.
Solo el imputado Tobías Arce tiene, como medida cautelar, uso de tobillera electrónica.
Desde la Fiscalía consideraron que, por peligro de fuga, 14 de los imputados debían permanecer en prisión preventiva.
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La apelación no necesariamente signifique que se pueda revertir las medidas dictadas y que ahora sí irán a prisión preventiva. El juez Porter deberá analizar el caso hasta determinar cuáles son las más adecuadas dentro de este contexto.
Caso Cochinilla
Funcionarios de Conavi y de constructoras son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público debido a aparentes casos de corrupción durante los procesos de contratación.
En apariencia, los trabajadores públicos recibieron sobornos y dádivas como viajes, carros, terrenos, casas y hasta favores sexuales a cambio de las licitaciones para obras viales a nivel nacional, así como acuerdos de pago y otros beneficios, según las investigaciones preliminares.
Los imputados son sospechosos de estafar al Estado por ₡78 mil millones y entre las compañías investigadas están H. Solís y MECO.
Específicamente se investigan por los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.
El OIJ y la Fiscalía realizaron 57 allanamientos que dejaron, como resultado, 30 personas detenidas y aparentemente involucradas en estos graves hechos.
