Redacción. La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó el texto sustitutivo del expediente N°21.966, denominado: “Ley para Proteger a las Familias y Empresas Costarricenses de Aumentos en las Tarifas de Electricidad a Causa del IVA”.
Esta iniciativa busca modificar el Impuesto de Valor Agregado, creado mediante la Ley N.°9635, para permitir a las empresas públicas y privadas comercializadoras, descargar del impuesto el IVA pagado en la cadena por concepto de compra de energía eléctrica y su transmisión y distribución.
Con este cambio se podrá solventar una parte los costos de comercialización de la electricidad, para que no incida o sea trasladado a las tarifas de electricidad de los consumidores.
Esto surge, porque cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.°9635, de 5 de diciembre de 2018, para dejar el suministro de electricidad con un umbral a partir del cual se pagaba el Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal forma que quienes más consumieran, pagaran y subvencionaran a los que no lo podían hacer.
El espíritu del legislador, en aquel momento fue proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, equilibrar las necesidades de financiamiento del Gobierno de la República y las condiciones socioeconómicas de segmentos importantes de la sociedad costarricense.
Sin embargo, esta situación no produjo el efecto deseado, en virtud de interpretaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que distribuyó todos los costos entre la masa de usuarios, haciendo que el IVA finalmente lo esté pagando la población a la que el legislador finalmente pretendía ayudar.
Esta propuesta fue promovida e impulsada por el diputado Gustavo Viales Villegas, y se estaría dictaminando, en la próxima sesión de dicho órgano legislativo.
“La compra de energía eléctrica (su generación y distribución) por parte de las empresas distribuidoras, no estaba gravada con el impuesto de ventas, lo que cambió con la reforma de la Ley N.°9635. Esto implicó que el costo de las compras de energía eléctrica haya aumentado en ¢20.000 millones para el 2020. Lo cual al final el traslado de costos lo pagan todos los usuarios, al asumirse en los costos reconocidos en la tarifa o en el peor de los casos, haciendo que las instituciones deban asumir el pago del mismo», explicó Viales.
