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Dueño de Meco es trasladado a las celdas con el resto de los reclusos

Carlos Cerdas se encuentra recluído en la cárcel de San Sebastián

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Redacción-El dueño de la constructora Meco S.A, Carlos Cerdas, ya comparte celda con los demás reos.

Cerdas estaba en aislamiento por es una orden girada en base al Lineamiento para la Atención de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia en el Sistema Penitenciario.

El empresario se encuentra recluído en uno de los módulos del CAI San José, más conocido como la cárcel de San Sebastián para que prosiga con el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial.


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El empresario debe permanecer en prisión por un periodo de cuatro meses, mientras se le investiga por el mega caso de corrupción «Cochinilla».

Cabe mencionar, que la dueña de H.Solís, Mélida Solís, ayer terminó con el aislamiento y también comparte celdas con las demás reclusas en un módulo de la Cárcel de Mujeres Vilma Curling Rivera.

Los empresarios Cerdas y Solís deberán esperar tres meses de la prisión preventiva para solicitar un cambio de medidas.


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El caso «Cochinilla»

Directivos y funcionarios de Conavi son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público debido a aparentes casos de corrupción durante los procesos de contratación.

En apariencia, los funcionarios públicos recibieron sobornos y dádivas como viajes, carros, terrenos, casas y hasta favores sexuales a cambio de las licitaciones para obras viales a nivel nacional, así como acuerdos de pago y otros beneficios, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Tras lo sucedido, los funcionarios y constructoras son sospechosos de estafar al Estado con ₡78 mil millones.

Hasta el momento permanecen detenidas 30 personas aparentemente involucradas en estos graves hechos y, además, el OIJ y la Fiscalía allanaron 57 inmuebles para avanzar con la investigación.

Específicamente se investigan por los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.

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