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Mélida Solís ya comparte cárcel con otras reclusas tras cumplir con el aislamiento

Solís descuenta cuatro meses de prisión preventiva por el mega caso de corrupción Cochinilla

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Redaccion- La empresaria Mélida Solís fue trasladada a un módulo de la Cárcel de Mujeres Vilma Curling Rivera, este miércoles, donde terminará de descontar con la prisión preventiva.

La empresaria ya se encuentra compartiendo celda con las otras reclusas y deberá permanecer ahí por un periodo de cuatro meses, mientras se le investiga por el mega caso de corrupción «Cochinilla».

Cabe mencionar que el aislamiento es una orden girada en base al Lineamiento para la Atención de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia en el Sistema Penitenciario.


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Por otra parte, el empresario de la constructora Meco, Carlos Cerdas, aún permanece en el Centro Nacional de Atención Específica cumpliento el aislamiento, pese a que ambos fueron ingresados a las celdas judiciales el mismo día.

Los empresarios Cerdas y Solís una vez impuesta la preventiva deberán esperar tres meses para solicitar un cambio de medidas.


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El caso «Cochinilla»

Directivos y funcionarios de Conavi son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público debido a aparentes casos de corrupción durante los procesos de contratación.

En apariencia, los funcionarios públicos recibieron sobornos y dádivas como viajes, carros, terrenos, casas y hasta favores sexuales a cambio de las licitaciones para obras viales a nivel nacional, así como acuerdos de pago y otros beneficios, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Tras lo sucedido, los funcionarios y constructoras son sospechosos de estafar al Estado con ₡78 mil millones.

Hasta el momento permanecen detenidas 30 personas aparentemente involucradas en estos graves hechos y, además, el OIJ y la Fiscalía allanaron 57 inmuebles para avanzar con la investigación.

Específicamente se investigan por los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.

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