Redacción-Un proyecto de ley plantea un rebajo del 50% del canon al transporte público regulado para el 2022.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) se opone a esta rebaja alegando que se afectaría directamente la fiscalización de la calidad de los servicios públicos, la capacidad técnica de la institución y los servicios que reciben las personas usuarias.
El ente regulador manifestó que la institución se financia únicamente con el canon que se cobra por sector a los prestadores de servicios regulados, para así cumplir con los objetivos de la ley N° 7593 y no recibe ningún otro aporte del presupuesto nacional.
Para la ARESEP, una nueva reducción de sus ingresos del sector transporte, que se plantea en este proyecto de ley, provocaría que se dejen de hacer inspecciones de calidad, limitaría la capacidad técnica para realizar fijaciones tarifarias, la atención de denuncias y quejas de los usuarios del transporte público y cumplir con los deberes que la ley otorga para la satisfacción del interés público.
La Ley 9911 denominada Alivio en el pago del marchamo redujo, para el 2021, el canon regulatorio en autobús y taxi en un 50%, lo que significó un monto de ¢2.411.539.104,60.
Por otro lado la Ley 9980 redujo el canon 2020 en un 25%, lo que significó una reducción de ¢1.641.803.534,00, y dispuso que el 50% del total del canon de ese mismo año se pagara en 24 meses, hasta diciembre de 2022, lo que resta liquidez a la institución pues debe esperar a recuperar ese canon.
El ente manifiesta que estas reducciones le causan perjuicios económicos graves en su operación normal.
De aprobarse el nuevo proyecto legislativo N° 22.519, significaría una reducción adicional de ¢2.318.688.730,59 del canon de regulación en el 2022, agravando aún más la situación financiera de la institución, al restar al presupuesto del ente regulador alrededor de ¢7 mil millones en el periodo 2020, 2021 y 2022.
