- Muchas de esas deudas ya han cumplido el plazo de cuatro años para prescribir.
Redacción-Debido a la crisis que atraviesa Costa Rica, hay un incremento en procesos de cobro en el Poder Judicial, reflejan el fuerte endeudamiento de la población.
Según las estadísticas, un 60% del circulante en el Poder Judicial corresponde a la materia cobratoria, hay más de 800.000 expedientes activos al año pasado.
La Defensoría de Apoyo al Deudor (DEFADE) señala que las gestionadoras de crédito y cobro hacen la navidad con los dineros de los costarricenses, pues cobran dineros de deudas prescritas.
La Defensoría señala que las gestionadores compran las carteras de crédito provenientes de acreedores activos en el mercado o inactivos (debido a que han vendido o cerrado sus operaciones en el país, como los casos del Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Banco Anglo o Financiera G&T).
Lo que pasa es que muchas de esas deudas ya han cumplido el plazo de cuatro años para prescribir, pero utilizan el “portillo legal” de que el juez no declara dicho derecho si el deudor no lo solicita.
“Hemos notado que el tipo de deudas que están recuperando las gestionadoras de crédito y cobro son las llamadas “carteras Premium”. Lo componen personas mayoritariamente de clase media o incluso de clase alta, y que siempre han mantenido buenas calificaciones crediticias, pero debido a la crisis que vivimos están siendo despojados de sus hogares y pertenencias por medio del cobro judicial,” manifestó Stephanie Portuguez, asesora legal de DEFADE.
Denuncian que se inician la gestión de cobranza por medio de acoso telefónico a terceras personas o a los patronos de los deudores, atropellan e irrespetan sus datos personales, según lo que está establecido por la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (PRODHAB).
“Lo peor es que intimidan, embargan salarios y engañan con mentiras para interrumpir plazos de deudas ya prescritas y lo peor de todo, es que gracias a esas prácticas han duplicado sus ingresos y han saturan el sistema judicial utilizando la mayor parte de su presupuesto, mismo que proviene de los impuestos que pagan todos los costarricenses”, señala DEFADE.
Para ello dieron como ejemplo que hace dos años la financiera “Gente Más Gente” tomó por medio del sistema electrónico de pagos y transferencias conocido como “SINPE”, con documentos privados y hasta sin firmar por los deudores el aguinaldo y el bono escolar de miles de funcionarios públicos. Dejándolos en Navidad e inicios del curso lectivo sin la totalidad de sus ingresos en algunas ocasiones.
