- Se venía registrando una baja, pero este mes se dio un aumento exponencial
- La mayoría de las personas que incurren en este delitos son extranjeras
Redacción- El mes de enero reportó un gran repunte de detenciones por presentar pruebas falsas Covid-19 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Dicho aumento se da a pesar de que el último mes del 2021 cerró con una baja en la cantidad de casos.
Así lo reveló el fiscal adjunto de Alajuela, Alejandro Araya Vargas, quien dio cifras al respecto.
Según el fiscal, se han reportado por lo menos 40 personas por este delito que se tramita por flagrancia.
“La Policía Aeroportuaria nos ha presentado un listado de al menos 40 turistas, de distintas nacionalidades, y eso se traduce en 30 procesos judiciales que se han tramitado en la vía de flagrancia, lo que nos dice que las causas aumentaron exponencialmente en más de un 80 por ciento de diciembre a enero”, apuntó el funcionario.
Cabe destacar que la mayoría de personas detenidas por este delito de uso de documento falso, son extranjeras.
De acuerdo con los datos revelados por Araya, los turistas generalmente provienen de Sudamérica, Norteamérica y distintos países de Europa.
Mayormente, según el fiscal, este delito es cometido bajo alteración o modificación de un documento legítimo por medios digitales.
Las personas modifican la información y añaden datos falsos, pues no se han realizado la prueba de Covid-19, informa el fiscal.
¿Cómo se da la identificación de un documento falso y cómo se procede?
En la mayoría de casos las personas trabajadoras de las aerolíneas son quienes se percatan de la falsedad de los documentos, por lo que dan la respectiva alerta.
“El personal de las aerolíneas, por su experiencia, es el que detecta algunas circunstancias sospechosas, no solamente por el documento, sino por la persona que lo está presentando, que se muestra nerviosa o no da una explicación veraz de cómo fue el trámite para la obtención de la prueba”, detalló.
Tras la alerta, la Policía Aeroportuaria se pone en contacto con autoridades del Ministerio de Salud, quienes realizan la verificación respectiva sobre la oficialidad de la documentación.
Una vez constatado que la prueba es falsa, la persona es trasladada al Ministerio Público para que enfrente una causa por presunto uso de documento falso.
Quienes realicen este ilícito acto, según el artículo 366 del Código Penal, se exponen a una pena que va desde un año hasta seis años de prisión.
