Redacción-La Cámara de Empresarios del Combustible, se oponen al contenido del proyecto de ley 22.966 LEY PARA ATENUAR LOS EFECTOS SOBRE EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y SUS CONSECUENCIAS PRODUCTO DEL CONFLICTO BÉLICO RUSIA-UCRANIA.
Lo anterior debido a que consideran que el Gobierno lo hace en forma autoritaria y revelando un total desconocimiento de la operación del subsector distribución de combustibles.
Los gasolineros enumeraron una serie de fallas percibidas en el análisis de esta propuesta y mencionan:
- El Ministro de Hacienda y el Presidente, creen que el índice de referencia de precios de los combustibles para Costa Rica es el BRENT (Europeo), siendo lo correcto los precios cotizados con referencia al WTI (USA).
- El Ministro de Hacienda y el Presidente, creen que el margen de distribución es porcentual respecto al precio al consumidor, ignorando que el modelo del expendio valora costos de operación, por lo tanto es un monto fijo en colones por litro.
- El Ministro de Hacienda y el Presidente, creen que el margen de distribución ingresa integro a las cuentas de bancos, sin saber que de ese margen de distribución, se deben pagar todas las obligaciones, salarios, cargas sociales, costos operativos, servicios, cánones, impuestos, mantenimiento, préstamos y otros.
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El Ing. Alberto Mesén, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios del Combustible, comentó:
“El proyecto de ley enviado a la corriente legislativa viene a cercenar los márgenes de los distribuidores en forma brutal, y constituye una sanción económica al sector más importante y motor de la economía costarricense, sin siquiera, ni por asomo, reconocer que son los impuestos los que encarecen el precio, ya de por si encarecido por los eventos internacionales”.
“Nuestra organización considera desproporcionada y falta de análisis inteligente, una propuesta totalmente reactiva, que lo único que hace es socavar al sector, sin impactar efectivamente los precios para los consumidores en general. Los gasolineros y transportistas valorararemos las acciones legales contra la propuesta y de hacerse efectiva contra los promotores de lo que será un descalabro económico sin precedentes. La propuesta desde ya genera un ambiente de inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad del servicio”, expresó.
