- Proyecto fue impulsado por una exdiputada de Nueva República.
Redacción – El Presidente de la República, Carlos Alvarado, procedió a aplicar un veto parcial en el legislativo titulado «Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia».
Mismo que estipula dentro del artículo 8 una serie de impedimentos para que los comunicadores lleven a cabo su labor, situación que inclusive entra en la problemática de ser inconstitucional.
La decisión fue tomada por el mandatario en ejercicio que decidió resolver esta situación previo a entregar la banda presidencial el próximo domingo.
Por lo que estampó su firma en el veto parcial junto con la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
Quienes apuntan a que los incisos b), e), f), g), h) e i) restringen la labor de la prensa por medio del Decreto Legislativo 10.242.
Además, el veto también incluye los incisos d) y k), que también infringen la Constitución Política, debido a que comprometen el derecho de acceso a la información pública y la libertad la prensa.
«La limitación establecida en el Decreto Legislativo N° 10.242 genera un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia», expresó el aún Presidente en ejercicio.
Mientras que Dinarte apuntó este veto lo realizan para no infringir la carta magna y compromisos que tiene el país en convenciones internacionales.
«Estamos plenamente comprometidos con garantizar el acceso a la información a la ciudadanía, pero también comprendemos que este acceso a la información debe enmarcarse no solo en los principios de constitucionalidad que nos rigen, sino también de los compromisos que hemos asumido con las convenciones internacionales. Invitamos a la Asamblea Legislativa para que en el menor tiempo posible pueda conocer este veto y así subsanar la norma y darle al país garantía de que podrán tener siempre acceso a información de la gestión pública y de los asuntos de interés del país”.
Por su parte, el ministro de Comunicación indica que ante la llegada de este proyecto a Casa Presidencial, las autoridades del ejecutivo se apresuraron para analizar el texto y definir qué puntos debían ser corregidos
«Ante las preocupaciones de distintos sectores como medios de comunicación, el Colegio de Periodistas y expertos en derecho por los errores contenidos en el texto aprobado por la anterior Asamblea Legislativa y la eventual afectación que podrían causar a las libertades de expresión e información, el Gobierno de manera expedita dio prioridad al estudio del decreto legislativo y a la emisión del veto parcial, con el propósito de que se puedan enmendar esos errores y contar lo más pronto posible con una legislación en la materia que a la vez sea compatible con el ejercicio más amplio posible de esas libertades», señaló.
Ahora la iniciativa vuelve a la Asamblea Legislativa, lugar donde será sometida a análisis por los nuevos diputados, quienes no fueron los que aprobaron esta propuesta, debido a que la luz verde en Cuesta de Moras se la dieron los pasados congresistas.
Luego de que la exdiputada de Nueva República, Carmen Chan, fuera la que impulsara el proyecto, mientras que ahora se encuentra trabajando como asesora de la legisladora Rosalía Brown, de esa misma agrupación política.
He vetado parcialmente la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia por razones de inconstitucionalidad, conveniencia y oportunidad. Invito a @asambleacr para que subsanen la norma.🇨🇷es una de las 20 democracias más fuertes del🌎: libertad de prensa es clave.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 6, 2022
