Redacción- El actual Gobierno de Rodrigo Chaves, firmó y publicó cuatro días después en el Diario Oficial La Gaceta, los decretos sobre la no obligatoriedad del uso de la mascarilla y de la vacunación.
Tras permanecer callados durante cuatro días consecutivos y esconder los decretos, este mismo miércoles a las 12:11 minutos de la mañana, el equipo de Casa Presidencial anunciaba que el gobierno se demoró en publicarlos para determinar si los mismos permitián lograr el objetivo planteado por el Poder Ejecutivo.
El decreto sobre el uso de la mascarilla salió publicado con fecha del 7 de mayo, cuando aún Chaves no era presidente de la República.
Sobre la Uso obligatorio de mascarilla:
El decreto señala que solo será de uso obligatorio la mascarilla por ser equipo de protección personal, para todos los funcionarios de salud de primera línea de atención del sector público y privado del país, así mismo el uso de mascarilla como uso obligatorio a las personas cuando requieran acceder a los establecimientos de salud del país.
Todas las personas que no sean personal de primera línea de atención o que no requieran acceder a los establecimientos de salud, están exentos de esta obligación
En el caso de vacunación:
En el caso de vacunación no se eliminó su obligatoriedad. El decreto solo establece que instan a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el Esquema de Vacunación Covid-19.
Es decir, no eliminó el esquema de vacunación completo solo sugirió a los entes ser más flexibles con las sanciones de despidos a las personas que no se vacunen, pero esa recomendación no es de índole obligatoria.
Para ello, el Gobierno antes de eliminar el esquema de vacunación y entrar en conflicto con la legalidad constitucional, le pidió a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, indique y recomiende al Poder Ejecutivo cuales funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad.
En el mismo sentido insta a realizar estudios técnicos que demuestren el efecto de la obligatoriedad de la vacunación sobre el porcentaje de la población que efectivamente vacunada, incluyendo un análisis de la evidencia internacional.
