El Poder Judicial fue creado con un solo fin: «Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país».
O al menos eso es lo que está escrito en el papel. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el famoso refrán que, en este caso, aplica a la perfección.
Durante mi labor periodística a lo largo de 26 años, he sido testigo de cómo la Fiscalía General de la República ha sido utilizada como un mecanismo de venganza para resolver asuntos personales, empresariales y políticos.
Hay muchos portillos, como lo es una denuncia anónima, para afectar la imagen de una persona o compañía basada en acusaciones falsas o sin fundamento.
Hechos que, una vez presentados, la Fiscalía deberá investigar -porque así le corresponde por ley- aunque, a la postre, resultarán siendo rechazados por el órgano acusador del Estado ante la falta de veracidad, pero para cuando eso ocurra, meses o años después, el daño ya estará hecho.
Muy posiblemente, quien utilice al Ministerio Público para ese fin, dará a conocer bajo perfiles falsos en redes sociales la existencia de la denuncia penal contra determinada persona. Los medio buscarán confirmar la información y la Fiscalía dirá que sí existe la causa penal.
Recordemos que la presunción de inocencia en la práctica no existe, está también solo en el papel. Basta que en los medios de comunicación se dé a conocer la noticia para que inicie la carnicería humana. La víctima de aquella denuncia tendrá que defenderse
Es así como muchos amenazan a otros con denunciarlos ante la Fiscalía para lograr sus fines. Otros la utilizarán como medio de venganza. Quizás en la Corte no aceptarán esa enorme verdad, pero así son las cosas.
