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Procuraduría reclama $10 millones a Bolaños y otros imputados por cemento chino

Se les acusa de un total de cuatro delitos

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Foto: Cortesía
  • Funcionarios del BCR y de la empresa Sinocem son los señalados por este tema.

Redacción –  La Procuraduría General de la República (PGR) le reclamó un total de $10 millones al empresario Juan Carlos Bolaños y otros seis imputados por el reconocido caso del cemento chino.

Así lo dio a conocer el propio ente la mañana de este miércoles por medio de un comunicado en el que detallan los delitos que le señalan a este grupo de personas.

  1. Tráfico de influencias en la obtención de un crédito revolutivo para Sinocem Costa Rica S.A.; delito previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley 8422.
  2. Peculado por la distracción de fondos públicos girados por parte del Banco de Costa Rica a Sinocem Costa Rica S.A., a pesar de conocer que no estaba cumpliendo el plan de inversión del crédito para comprar cemento, entre otros motivos; delitoprevisto y sancionado en el artículo 361 del Código Penal.
  3. Influencia en contra de la Hacienda Pública, por realizar maniobras en contra del interés público, el Banco de Costa Rica y la Hacienda Pública, para beneficiar ilícitamente al sujeto privado y su grupo de interés económico; delitoprevisto y sancionado en el artículo 57 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley 8422.
  4. Receptación, legalización o encubrimiento de bienes (tipo de legitimación de capitales) para los sujetos particulares, por introducir en el mercado financiero costarricense fondos ilícitos provenientes del delito de peculado. delitoprevisto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley 8422.

Mismos que se le apuntan a un total de nueve personas entre funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR), así como de la empresa Sinocem que encabeza Bolaños.

Señalados que deberían pagar en conjunto los $10 millones que solicita la Procuraduría por el daño social ocasionado ante los delitos que se le atribuyen.

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