La reciente liberación de una organización narcotraficante, detenida la semana anterior en Puntarenas, revela -lamentablemente- como a muchos jueces de la República les preocupa más el delincuente que los policías que invirtieron horas de trabajo y arriesgaron su integridad, para detenerlo.
¿Qué sucede en Costa Rica? ¿Por qué el Poder Judicial toma esas decisiones? Son parte de las interrogantes que nos planteamos al ver como el Juzgado Penal de Puntarenas tomó la decisión de excarcelar a un narco con antecedentes criminales por homicidio, amenazas, agresiones y, por supuesto, tráfico de drogas.
Liberar a un narcotraficante con tremendo historial delictivo es una patada al trasero de los policías que, reitero, ponen en peligro su vida para arrestarlo.
Y para peor de males, el juez ordena investigar a los policías por haber documentado el operativo con el fin de informar a la ciudadanía sobre el destacado trabajo que realizan en pro del rescate del país.
Eso definitivamente, más que un sentimiento de impotencia, genera un gran enojo y una decepción de nuestro aparado judicial.
¿Qué pueden pensar esos oficiales después de ver que solo bastaron unas cuantas horas para el líder de esa banda y sus cómplices regresaran a casita de nuevo? Sí, lo mismo que usted y yo.
Para nadie es un secreto que la seguridad del país está por los suelos… Costa Rica sufre los embates de un cáncer con metástasis llamado narcotráfico, cuya única cura es la represión total, pero hay administradores de justicia que no lo ven así. Están complemente equivocados.
No enviar un narco a prisión -donde debería estar- y ponerle unas simples medidas cautelares como impedimento de salida del país, no cambiar de residencia, firmar cada 15 días y abstenerse de vender drogas, es una verdadera burla.
Es muy común entre abogados escucharlos decir que respetan la decisión del juez, pero que no la comparten. Esa trillada frase es urgente modificarla y que el pueblo se pronuncie con vehemencia para frenar a esa delincuencia que nos atropella con violencia. Esto va más allá de tener que respetar y soportar una decisión.
Se requiere de una presión social hacia esos funcionarios que parece no cumplen con sus deberes.
Somos los ciudadanos honestos quienes caminamos por las calles… somos nosotros los que sufrimos los asaltos, los robos, los homicidios…
El OIJ, Seguridad Pública, la DIS y otros cuerpos policiales hacen su mejor esfuerzo aunque no cuentan con los recursos financieros necesarios para enfrentar a este crimen organizado que nos disparó los asesinatos y envenena con sus drogas a nuestra sociedad, pero que tratan de hacer su mejor esfuerzo.
Señores jueces, los delincuentes tienen que estar en la cárcel.
