Redacción- La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, anunció que 15 auditores se encargarán de detectar y tramitar importantes casos de evasión fiscal, por parte de empresas costarricenses.
Los auditores se enfocarán en la detección del fraude complejo, para que desarrollen nuevas capacidades de investigación y brinden un mayor seguimiento a los casos que se encuentran el Ministerio Público.
Actualmente, hay 23 casos presentados ante el Ministerio Público cuya suma adeudada
es de ¢27.405 millones.
Adicionalmente, antes del 15 de febrero se estarán presentando los siguientes tres casos por un monto de ¢6.370 millones.
Algunos de los casos que se investigan es de una empresa domiciliada en Costa Rica, trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, USD $65 millones
(equivalentes en ese momento a ₡33 mil millones). Ambas empresas pertenecen a la misma persona física.
A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por USD $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña.
Debido a que los hechos denunciados ocurrieron en los años 2008-2015 y por tratarse de
un presunto fraude fiscal de al menos ¢11 mil millones, cometido a través de una maniobra que ya había sido descubierta por Tributación en otros contribuyentes, se remitió el caso al Ministerio Público para su investigación.
El segundo caso encontrado es una sociedad anónima, la cual tiene registrada como actividad económica: “Venta de legumbres y hortalizas incluidas en la nueva canasta
básica”, a la cual la Administración Tributaria fiscalizó el impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2018.
El contribuyente no demostró la veracidad y exactitud del total del rubro de costos y gastos reportados en su declaración tributaria, por un monto superior a ¢3.700 millones, incumpliendo con la responsabilidad de llevar la contabilidad, los libros y registros establecidos por la normativa.
Esta persona aludió el supuesto daño y extravío de la documentación, lo que implicó, que la Administración determinara la improcedencia de la deducibilidad del rubro de costos y gastos declarados y un incremento en la renta neta (base imponible), que se tradujo en un aumento en el impuesto sobre la renta, con respecto a lo declarado por la suma de ¢1.136.698.180,20
El tercer caso responde a una sociedad anónima, cuya actividad económica principal es la “Venta al por mayor y menor de vehículos nuevos y/o usados” y como actividad
secundaria la “Venta de repuestos nuevos para automóviles”, “Venta de repuestos usados
para automóviles”, “Venta al por menor de equipo de audio y video”, y “Alquiler de casas y
otros”.
La Administración Tributaria fiscalizó el impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2016, impuesto general sobre las ventas de octubre 2015 a setiembre del 2016, identificándose
que más del 86% de las ventas efectuadas, correspondieron a venta de celulares y sus
accesorios a un único cliente.
Durante la actuación fiscalizadora, esta compañía no demostró la veracidad de las importaciones y de las compras locales declaradas, lo que implicó un aumento de la cuota
tributaria declarada para el impuesto general sobre las ventas de ¢1.001.289.547 y en el
impuesto sobre la renta por ¢2.202.108.056.
