Redación- El socio mayoritario del banco BCT, Leonel Baruch, procedió a denunciar penalmente al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como al director de Tributación Directa, Mario Ramos; así como la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora.
Según alega el empresario los funcionarios habrían incurrido en varios delitos como el abuso de autoridad, difusión de información falsa, y suplantación de páginas electrónicas al decir, en conferencia que se seguía una denuncia en contra de Baruch por defraudación al fisco, donde sabían que esta fue desestimada.
En este caso, el Ministro de Justicia, Gerald Campos, le pidió a la Procuradora General Adjunta, Dra. Magda Inés Rojas Chaves, intervenir en el expediente judicial en trámite bajo el número 22-70-621-PE, pues la desestimación puede guardar relación con la prueba y si ésta es suficiente o no.
El ministro le pidió a la procuradora que para que se prosiga con la investigación a cargo del Ministerio Público la Procuraduría General en representación de los intereses del Estado Costarricense debe promover los remedios de impugnación que otorga la legislación procesal.
También pide que disponga las acciones a nivel judicial para la obtención de aquella prueba existente en Panamá la cual sea útil, necesaria y pertinente para el esclarecimiento de los hechos tan graves que han sido denunciados y que aparentemente lesionan el erario público.
Por último, le dijo que cuenta con toda la colaboración técnica por parte del Ministerio de Hacienda así como de la Dirección General de Tributación Directa, para que como asesores técnicos puedan contribuir a una mejor representación judicial del Estado costarricense.
La Procuraduría General de la República le respondió al jerarca de Justicia que ejercerá en este proceso, como lo hace en los distintos procesos que asume, todas las acciones legales que sean procedentes en resguardo de los derechos e intereses del Estado, según lo dispuesto en el Código Procesal Penal, nuestra Ley Orgánica y demás normas legales aplicables.
También solicitará al Ministerio de Hacienda que suministre toda la información que sea necesaria, así como el acompañamiento técnico en materia tributaria, para la buena defensa de los derechos e intereses del Fisco y del Estado.
