- FOD solicita medidas cautelares urgentes ante Tribunal Contencioso
Administrativo.
Redacción- La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de Amparo que interpuso la Fundación Omar Dengo (FOD) la semana pasada contra los acuerdos tomados por el Consejo Superior de Educación relacionados con la no renovación del convenio MEP-FOD para la ejecución del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE-MEP-FOD).
La Fundación presentó un recurso de Amparo buscando la protección de los niños y jóvenes que son beneficiarios del PRONIE MEP-FOD y que podrían verse afectados por la suspensión del servicio educativo público, así como de terceros, ante los actos realizados por el Ministerio de Educación de Pública y el Consejo Superior de Educación, en los que no se respetó el debido proceso.
“Esto refuerza la tesis de la Fundación de que no se siguió el debido proceso y que se sobrepasaron las facultades que el Ministerio y el Consejo Superior tienen como entes públicos. Nos pudimos haber ahorrado estos procesos legales mediante el diálogo, poniendo en primer lugar los intereses de los niños y jóvenes y hacer una transición ordenada tal como lo solicitamos, así como respetar las obligaciones con terceros, inclusive empezando por nuestros mismos colaboradores”, agregó Geoconda Fernández, Encargada de Mercadeo y Comunicación de la FOD.
Adicionalmente, la FOD acudió ante el Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar medidas cautelares urgentes, que buscan la protección del interés superior de niños y jóvenes de Costa Rica, que son beneficiarios del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE-MEP-FOD).
“Nos vimos en la obligación de solicitar medidas cautelares, pues el tema es agobiante y existen serias incógnitas en relación con el periodo y el propio proceso de transición y el peligro de suspensión que corre un servicio público que reciben más de 740.000 estudiantes de centros educativos públicos de todo el país”, agregó Fernández.
El 20 de marzo, la Ministra de Educación Pública, Anna Katherina Müller, anunció que el Consejo Superior de Educación había acordado el cierre del PRONIE. Esta decisión se realizó sin respetar el debido proceso, por lo cual se atropellaron los derechos tanto de la FOD como de terceros.
El 28 de marzo, la FOD había solicitado al MEP iniciar un proceso de conciliación ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas.
