Redacción- La sociedad que vendió del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) -ubicado en Caldera- asumió las responsabilidades financieras ante el abandono de bodegas y oficinas por parte de inquilinos que se vieron afectados, en el 2020, por la pandemia por el Covid-19.
A la fecha, el desarrollador de este mega proyecto mantiene parte de esas obligaciones debido a que así se estipuló, como parte de un compromiso firmado cuando la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI) lo compró hace tres años.
Según la información que maneja este medio, cuando en marzo de 2020 el Gobierno hizo la declaratoria de pandemia en Costa Rica y ordenó el cierre de empresas como medida sanitaria, muchos de los arrendatarios desocuparon los espacios que habían alquilado en el PEP.
Por ende, el BCR-SAFI ha mantenido sus rendimientos en positivo desde que adquirió el proyecto, pese a que sí existió una baja debido a la pandemia, la caída en tasas de intereses y otros aspectos adicionales.
En su momento, el anterior gerente de Fondo, Rosnnie Díaz, había informado que: “Si bien los inversionistas del Fondo tuvieron una baja en sus rendimientos, este 2023 será muy diferente. Pasaremos de una rentabilidad de 2,12 a 3,10; es decir, 100 puntos base”.
El incremento previsto en los rendimientos para este 2023 para el Parque Empresarial se basan en un crecimiento en el número inquilinos y de otros que están por ingresar debido a la ubicación del proyecto con el Puerto de Caldera.
El PEP está compuesto por bodegas de granos y de enfriamiento, oficinas y predios.
Los cuestionamientos en torno al Parque iniciaron meses atrás y se acrecentaron la semana anterior, luego de que se hiciera público un avalúo que señalaba que el BCR-SAFI había pagado un sobreprecio por el inmueble.
Ese último avalúo señaló que el PEP costaba $27,4 millones y el Fondo había pagado poco más de $70 millones. Ese monto fue sustentado en otros cinco avalúos que le daban un valor que oscilaba entre los $69 millones y los $89,9 millones.
El BCR desacreditó el último avalúo debido a que no siguió una metodología que exige, como norma, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) para estos casos.
